ESCUCHAREn el marco de un plenario nacional realizado ayer en su sede central en la ciudad de Buenos Aires, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) presentó un documento con propuestas para el desarrollo con equidad social, elaborado sobre la base de debates generados entre empresarios de todo el país.
En el trabajo, que será elevado a las autoridades nacionales, la entidad propuso la creación de un ministerio pyme que genere, oriente y aplique las políticas destinadas al sector, con carácter federal y participativo, para garantizar que las medidas lleguen a los sectores que más lo necesitan.
Apyme señaló la necesidad de promover la presencia activa del sujeto social mipyme como factor de democratización económica, dinamización del empleo e integración social, haciendo escuchar sus reivindicaciones y procurando su reconocimiento, participación en la toma de decisiones y elaboración de políticas de Estado.
La entidad destaca que el genuino empresariado nacional hoy está representado por las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, la economía popular y los emprendimientos autogestionados. Además, destacó su incidencia en el entramado económico del país. “Las mipymes representan más del 98% de los establecimientos productivos y de servicios, ocupan el 80% del empleo privado registrado y aportan el 50% del PBI anual del país”, detalló.
Desde su perspectiva, para que ese vasto sector pueda ser parte de un proceso de desarrollo inclusivo es necesario recomponer el poder adquisitivo de la población. “Se trata de poner límites efectivos a la especulación financiera y al abuso de posición dominante por parte de la economía concentrada y extranjerizada, principales causas del proceso inflacionario que golpea la producción y el trabajo”, destacó el documento.
La entidad elaboró éste con aportes del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y el Centro Cultural de la Cooperación (CCC).
En la actual etapa, la entidad convocó a profundizar la defensa de las pymes, la industria nacional, el empleo digno, el mercado interno, la agregación de valor, la integración regional, la redistribución equitativa del ingreso y el fortalecimiento de un Estado activo, soberano y profundamente democrático, eje para construir una Argentina que garantice el bienestar del conjunto de sus habitantes.
Segmentación y progresividad tributaria
Entre los pedidos más relevantes que aparecen en el documento destacaron la necesidad de realizar una revisión integral de la caracterización de las micro, pequeñas y medianas empresas para su correcta segmentación, a efectos de adoptar políticas públicas adecuadas para su fomento. “Asimismo, hay que incorporar las unidades de agricultura familiar, a pequeños chacareros y los sectores del emprendedurismo en vías de transformarse en pymes”, propuso Apyme.
Además, solicitó al Estado que se realice una adecuada segmentación, superadora de la actual, basada en criterios que privilegien las variables cuantitativas. Propuso que la segmentación consista en contemplar el tipo de actividad productiva o de servicio; la región en la que se desarrolla; la cantidad y los niveles de capacitación de los empleados; la capacidad de innovación y desarrollo; la incorporación de nuevas tecnologías; la sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazos; la potencialidad y oportunidad exportadora en función de la actividad; el origen del capital constitutivo de la empresa, y los niveles de facturación.
Uno de los aspectos claves del documento apunta a orientar el sistema tributario hacia la progresividad, disminuir la presión sobre el consumo e incrementar los impuestos que gravan la renta y el patrimonio. “Establecer regímenes especiales en el impuesto a las ganancias que establezcan un incentivo fiscal segmentado para favorecer la reinversión de utilidades en bienes de capital e incorporación tecnológica. Para las personas humanas, en el impuesto a las ganancias, ampliar los tramos de la escala de las alícuotas, incrementando paralelamente las deducciones personales”, propuso el informe, que también plantea la necesidad de crear la defensoría mipyme, que actúe ante problemas en la aplicación de leyes, decretos y resoluciones en los distintos niveles de administración. “Implementando un mapa mipyme a partir del registro pyme, con aporte permanente de las universidades, institutos y entidades gremiales empresariales, a fin de contar con mayores herramientas para realizar diagnósticos y planificar políticas específicas”, precisó Apyme.
