ESCUCHARLa entidad presidida por Daniel Funes de Rioja reclamó liberar la determinación de precios, poder exportar libremente, disminuir la carga fiscal, facilitar financiamiento, eliminar la informalidad, disminuir costos logísticos -entre otros- para aumentar las ventas al mundo, incrementar las inversiones, generar nuevos puestos de trabajo y abastecer a 650 millones de personas en todo el planeta.
“Queremos mostrar la oportunidad que representa la industria de alimentos y bebidas (IAB) porque creemos en el país y en la capacidad de sus empresarios y de sus trabajadores. Porque sabemos que, gracias a todas sus condiciones, la industria de alimentos y bebidas es uno de los ejes del desarrollo de Argentina, que hoy se proyecta al mundo como la gran abastecedora agroalimentaria de las próximas décadas y que, para el año 2020, puede duplicar su nivel de exportaciones con valor agregado. Porque tenemos la verdadera oportunidad para liderar el desarrollo”.
Esta verdadera arenga fue hecha por Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de Industrias de los Productos Alimenticios (Copal), durante la inauguración de la Segunda Jornada de Alimentos y Bebidas que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero (Buenos Aires). Copal festejó así sus 40 años de vida y, en la oportunidad, Funes de Rioja presentó el documento “Análisis y Propuestas de Políticas Públicas de Copal para la Industria de Alimentos y Bebidas”, en el que resalta las potencialidades “no explotadas” del sector para ampliar su potencial productivo y elevar la presencia en los mercados internacionales.
Sin embargo -sostuvo-, la coyuntura no es terreno fértil para alcanzar los objetivos. “El último informe estadístico elaborado por Copal da cuenta de una caída de las exportaciones de la IAB de 18,7% en el primer semestre de 2015 respecto a igual período del año anterior, y de una baja de las ventas externas de las economías regionales de 13,8%, marcando 18 meses de caídas consecutivas”, resaltó Funes de Rioja.
Y agregó: “Existen factores que explican la pérdida de competitividad de las economías regionales y del resto de los sectores: la caída de los precios de las materias primas desde marzo de 2014; el proceso de fortalecimiento del dólar desde el segundo semestre de 2013, la crisis de dos de los tres principales destinos de las exportaciones de las economías regionales, Rusia y Brasil”. Para el dirigente, “están seriamente afectados los factores de producción y, en particular, el empleo de cada una de las zonas productivas que integran las economías regionales”.
Las propuestas estratégicas
“Por eso, hemos venido a lanzar nuestra propuesta y a reflexionar con ustedes. No vinimos a hacer política sino a ayudar a los políticos a la mejor elección de políticas de Estado para la agroindustria o, lo que es lo mismo, para el desarrollo sustentable y federal”, remarcó al detallar los 10 puntos que la entidad consideró necesarios para dinamizar esta industria.
Librar la determinación de los precios de los alimentos y bebidas; derogar la ley 26991 de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, por su manifiesta inconstitucionalidad; derogar toda norma que limite en forma directa o indirecta la libre exportación de alimentos y bebidas o restrinja la importación de insumos o bienes para esta industria; y las que promuevan la vigencia de dobles estándares sanitarios en la industria de alimentos y bebidas; decidir un cronograma que refleje la progresiva pero permanente disminución, hasta su eliminación total, de los derechos de exportación; desarrollar en forma articulada por sectores público y privado de una estrategia de inserción internacional y de negociaciones externas con los mercados más estratégicos; disminuir la carga fiscal e impositiva nacional y subnacional; reimplantar el ajuste impositivo por inflación; facilitar las condiciones y costo de líneas de financiamiento para capital de trabajo, inversión productiva y prefinanciación de exportaciones; propiciar un diálogo económico-social para consensuar las cuestiones colectivas en materia laboral; derogar toda norma que en forma directa o indirecta promueva generar los instrumentos para la eliminación de la informalidad; y propiciar la reducción de los costos logísticos mediante la mejora de la infraestructura en rutas, caminos, puertos, transporte, energía, entre otros.
“De implementarse las medidas que se proponen en el documento, se podría hacia 2020 duplicar las exportaciones con valor agregado; mejorar la competitividad de las economías regionales; generar exportaciones totales por más de US$35.000 millones; duplicar las inversiones a US$2.000 millones por año; aumentar el empleo registrado y abastecer a más de 650 millones de personas de todo el mundo”.
