Acuerdo con el FMI: habrá revalúo inmobiliario pero sólo para quienes tributan Bienes Personales

El denominado “revalúo federal” se realizará este año pero incidirá en el pago del tributo en 2023, sobre 600 mil cuentas. En principio, no tendrá efectos en los impuestos inmobiliarios provincial o municipal -salvo que se resuelva en contrario-. En paralelo, Nación recortaría el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. El combo forma parte de los efectos del convenio en éstas

El Gobierno nacional buscará avanzar con las provincias en una modificación de las valuaciones fiscales de los inmuebles para acercarlos a su valor de mercado, de manera de que a lo largo del programa que se busca aprobar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga un impacto positivo en torno a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Así lo expresó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en ocasión de acompañar al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la presentación del proyecto de ley que contiene el Memorándum de Entendimiento con el FMI, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Con todo, ese revalúo sólo regiría para quienes tributan Bienes Personales y no impactaría en una suba del impuesto Inmobiliario de la Provincia ni en la Contribución sobre los Inmuebles que cobra la Municipalidad de Córdoba.

Según trascendió, serían unas 600 mil cuentas las que deberán afrontar el incremento.

En ese sentido, Marcó del Pont anticipó que en los próximos días la AFIP va a publicar "una interpretación que, para los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve a la valuación asociada al impuesto Inmobiliario".

"Vamos a utilizar la misma valuación que utiliza la ciudad de Buenos Aires para definir el impuesto Inmobiliario", explicitó la funcionaria, al reseñar que esa metodología había sido adoptada por la AFIP en 2013, cuando tomó como referencia el índice de la Ciudad que determinaba el impuesto Inmobiliario equivalente a la valuación fiscal multiplicada por cuatro.

"En 2013, la AFIP toma esa referencia y la aplica para la valuación inmobiliaria del tributo de Bienes Personales hasta 2018, cuando decide volver atrás, a la medición de valuación fiscal de dividirla por cuatro", explicó Marcó del Pont, luego de lo cual ratificó la "decisión política de desandar esa modificación en los próximos días".

Marcó del Pont dijo que "esta política no se puede replicar con otros distritos porque no existen estos indicadores y la forma más virtuosa de avanzar progresivamente es en el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi), en el que se busca generar metodologías y procedimientos para homogeneizar las valuaciones fiscales".

"Vamos a avanzar en la activación del encuentro de la Ofevi porque es potestad de los Estados provinciales la revisión de las valuaciones fiscales", aseguró.

En rigor, el proyecto de revalúo federal figuraba como parte del articulado original del Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional, encabezado entonces por Mauricio Macri, y las provincias.

Pero, como tantos otros artículos que disponía el consenso, la mayoría quedó suspendida, por ejemplo la baja gradual de los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos.

Ahora, el proyecto se reflota en función del acuerdo entre el país y el FMI, pero sólo para ser aplicado a los efectos de la recaudación de Bienes Personales, en principio.

“En definitiva, los que van a terminar pagando más son los que hoy tributan ese impuesto, no el resto”, aseguró otra fuente al tanto del proyecto.

Impacto

Este trabajo, contemplado en el memorándum con el FMI, tendrá "un impacto en torno a 0,6% del PIB", y se va a "avanzar gradualmente en la discusión en el contexto del Consenso Fiscal y con cada una de las provincias en la Oficina Federal de Valuaciones Fiscales", precisó la funcionaria.

"El objetivo de ir convergiendo al equilibrio fiscal no se busca materializar a través de este programa reduciendo el gasto público a través del mecanismo tradicional, sino a través del mejoramiento de los ingresos mediante la recaudación y sobre todo en los sectores de mayor capacidad contributiva", reafirmó Marcó del Pont.

Uno de los objetivos explicitados en el memorándum es "ampliar la base imponible pero sobre todo de los tributos de mayor progresividad, e impuestos como Bienes Personales aparecen liderando la preocupación del Estado para maximizar la capacidad de lograr el cumplimiento de este tributo", explicó la funcionaria.

La titular de la AFIP destacó que se advierte "el deterioro en las valuaciones fiscales de los inmuebles, y que parte de la base imponible de los Bienes Personales son los inmuebles urbanos, por lo que es prioridad discutir cómo se van acercando a asimilar las valuaciones fiscales a los valores de mercado".

También reseñó que la heterogeneidad que se advierte en el territorio argentino "supone un componente de inequidad para inmuebles que tienen un mismo valor pero a la hora de traducirse en su valuación fiscal hay una inequidad muy importante"

Según los cálculos del Gobierno, con la modificación -que recaería sobre los valores fiscales de unas 600 mil propiedades- se busca recaudar 65.000 millones de pesos más este año y más de 130.000 millones en 2023.

Fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Comercio y Justicia recordaron que las provincias son autónomas en ese aspecto, por lo que evitaron abundar en qué decisión podrían tomar.

Por lo demás, Bienes Personales es un impuesto coparticipable, o sea que más ingresos por esa vía beneficiarán a las provincias. Sin embargo, su incidencia es marginal respecto, por ejemplo, a la coparticipación de los impuestos a las Ganancias o al VaIor Agregado (IVA).

ATN

En paralelo, las provincias también se verán afectadas por un recorte en el envío de fondos discrecionales, particularmente de aportes del tesoro nacional (ATN).

El año pasado y tal como anticipó Comercio y Justicia, la Provincia de Córdoba recibió en total 1.342 millones de pesos en concepto de ATN, apenas 3,4% de los 39.023 millones de pesos que el Gobierno repartió entre todos los distritos del país.

El monto es ciertamente menor que los 5.414 millones de pesos que había recibido en 2020, cifra que entonces representó 8,02% de los 67.195 millones de pesos que la administración de Alberto Fernández giró a las provincias ese año.

La fuerte caída de los ATN en 2021 respecto al año anterior tiene una razón básica: en 2020 se distribuyeron montos récord producto de la cuarentena estricta por la pandemia. El año pasado, ya con prácticamente todas las actividades normalizadas, los fondos destinados fueron menores.

En ese marco, Córdoba quedó muy relegada en el reparto de recursos en relación con su participación en 2020.

En 2021, de los 39.023 millones de pesos que Nación repartió en ATN, la Provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada: 9.021 millones de pesos.

En el punto “Otros gastos corrientes”, el Gobierno se compromete a “limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”, cambio que hubiera condicionado, por ejemplo, el acuerdo sellado el jueves pasado -24 horas antes de que el proyecto del acuerdo con el FMI ingresara en Diputados- entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof por un desembolso de 75 mil millones de pesos para reforzar en distintos frentes su gestión para lo que resta del año.

Los ATN siempre funcionaron como una herramienta de financiamiento político de manejo discrecional y los datos reflejados el año pasado así lo dejan explícito, tal como indicó este medio.

“El acuerdo no habla de eliminar las transferencias sino de limitarlas. Por lo tanto, ello podría profundizar la inequidad política en la distribución”, deslizó, por otro lado, otra fuente.

El tercer punto del acuerdo que involucra directamente a las provincias es la “Coordinación fiscal federal-provincial”: “En adelante, con la asistencia del FMI, estudiaremos opciones para reformar el Régimen de Responsabilidad Fiscal, para evaluar la función del Consejo Fiscal y para limitar futuros endeudamientos en moneda extranjera por parte de los gobiernos provinciales. Para este fin, reforzaremos los acuerdos de intercambio de información entre el Gobierno federal y las provincias para lograr que todas las provincias compartan en tiempo y forma los informes fiscales trimestrales”, indica el texto.

La Provincia de Córdoba estaría en regla en ese punto porque el endeudamiento tomado en los últimos años fue exclusivamente para obra pública y no para atender gasto corriente, que es precisamente lo que el Gobierno nacional impidió a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal.