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El debate, que no es nuevo ni mucho menos, se reabrió con vehemencia luego de que días atrás se conocieron dictámenes de comisión favorables al mentado aumento, lo que condujo a la Cámara de Diputados de la Nación a dar media sanción al proyecto y girarlo al Senado.
El avance del proyecto disparó un sinfín de expectativas en los jubilados, un sinnúmero de críticas y comentarios –de los atinados y de los no tanto–, desde todos los rincones del espectro político y, desde luego, gran cobertura mediática.
El debate, muy a pesar de los jubilados, no se centra tanto en cuestiones técnicas, sino más bien en elucubraciones políticas, con el resultado de que hoy por hoy se habla en el arco opositor a favor del proyecto de ley y en el oficialismo, en contra. Los primeros argumentan que “Anses tiene plata” y los segundos, que tal aumento es insostenible.
Como rehenes del paupérrimo espectáculo que ofrece nuestra dirigencia quedan los jubilados actuales y los ciudadanos que en gran medida contribuyen al sostenimiento del régimen previsional, como se explica más abajo.
Para analizar la compleja situación de manera objetiva, invitamos al lector a despojarse de la camiseta que lleve puesta y, aprovechando la gran libertad y la extensión brindadas por estas páginas, trataremos de exponer los puntos salientes de las implicancias del aumento a los jubilados.
Tema complejo, si los hay, resulta este régimen previsional argentino, altamente impredecible, caracterizado por los vaivenes económico-políticos y por la ausencia absoluta de seriedad y seguridad jurídica.
Para comenzar a analizar el asunto es necesario que se tenga presente que como toda cuestión intrincada tenemos que observar primero el “medio vaso lleno”, para luego centrarnos en el “medio vaso vacío”.
El 16 de julio pasado señalaba con gran acierto el Cr. Salvador Treber, en
¿Quién puede oponerse al aumento de la jubilación mínima? Sinceramente, quien lo haga carece de sentido común y de sensibilidad social. Estamos hablando de una jubilación mínima que hoy alcanza la suma de $895, y que se elevaría a 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que en pesos significa la suma de $1.230.
Anses tiene hoy un superávit financiero más que suficiente para sostener tal incremento, que en términos anuales supondría una erogación de unos 26 mil millones de pesos. Se discute con qué destino se deben aplicar los $150 mil millones de pesos del Fondo de Sustentabilidad, que bien podrían usarse para el fin específico de Anses, esto es, el pago de jubilaciones y pensiones, en lugar de destinarse a financiar obras de infraestructura. Este mínimo incremento en la jubilación mínima, que alcanza al 70% de los jubilados, sería un paliativo contra el constante proceso de pérdida del poder adquisitivo debido al proceso inflacionario que Indec tanto se esfuerza por disimular.
Está más que claro que las jubilaciones deben incrementarse, principiando por los sectores de menores ingresos, en pro de la justicia distributiva aunque en detrimento de la equidad, como se verá más abajo. ¿Entonces por qué el oficialismo se opone? Justamente el oficialismo es el que se opone al proyecto, cuando ha sido el único gobierno –éste y el anterior– , en casi 30 años de democracia, que concretamente exhibe algunos logros para la actualización de los haberes del sector pasivo. Pero ¿en qué quedamos? El arco opositor –que cuando estuvo en el gobierno nunca hizo nada al respecto– ¿por qué impulsa ahora el proyecto con vehemencia? No queremos adelantarnos a las conclusiones, por lo que seguiremos con la exposición propuesta.
Por el lado del “medio vaso vacío”, y aquí es donde nos extenderemos, se sostiene que el régimen previsional es inviable, tal como está planteado en la actualidad, y si bien toleraría en un principio la adicional carga que representaría la aprobación del proyecto, no estaría en condiciones de sostener en el tiempo tan tremenda erogación, con el actual mecanismo de financiamiento del sistema.
El sistema previsional, siguiendo a Treber con los datos estadísticos que él aporta en el citado comentario, tiene actualmente casi seis millones de pasivos, y un total de unos siete millones de activos, lo que supone una relación entre aportante y beneficiario de 1,35 a 1. Este esquema es claramente insuficiente para ser autofinanciable. Especialistas indican que la relación ideal sería de 4 a 1, para mantener una previsibilidad sostenida en el tiempo y, si se pretenden haberes mejores que los actuales, debería llevarse esa relación a 7 a 1. Por lo expuesto es que el sistema previsional argentino se sostiene, además de los aportes patronales y personales de los trabajadores registrados, con diversos porcentajes de lo que se recauda en concepto de impuesto a las Ganancias, IVA, impuestos a “las naftas” y con la consabida resignación de las provincias de un 15% de lo que perciben en concepto de coparticipación.
El problema que se plantea es que el sistema no debe ser pensado para un futuro próximo de cuatro o cinco años, sino que debe ser concebido como una política de Estado que debe pensarse y diseñarse en función de los próximos 15, 20 ó 30 años. En Francia y España, por ejemplo, en estos tiempos se debaten reformas previsionales pensando en el año 2050. Sarkozy ha declarado días atrás que la reforma que plantea se basa en el crecimiento vegetativo y el consecuente envejecimiento poblacional esperado para las próximas décadas, a los fines de mantener un esquema previsional estable. Rodríguez Zapatero, en tanto, explicó al presentar su proyecto que el régimen previsional español hoy es superavitario, pero que para 2020 dejará de serlo, pasando a ser altamente deficitario a partir de 2040, con el esquema actual, si no se plantea el gradual aumento de la edad jubilatoria desde ahora para llevarla hasta los 70 años. Es decir que en países responsables y serios la palabra “previsión” cobra la verdadera dimensión y alcance que le otorga el diccionario.
A poco de andar ya hemos advertido dos de los problemas que agobian al sistema previsional argentino. El primero de ellos es la escasa relación activo (aportante)-pasivo (beneficiario). Esto se debe principalmente a la informalidad laboral, que se traduce en aportes que no ingresan en el sistema. Se calcula en cuatro millones la cifra de trabajadores en negro que existe en la actualidad. Si se reforzasen los controles que se deben realizar y se obtuviese una merma en el trabajo no registrado, seguramente mejoraría levemente la relación aportante-beneficiario señalada, aunque con ello no se cubre todo el presupuesto requerido para financiar el régimen. Efectivamente, aquí es donde surge el segundo problema que se advierte: el factor demográfico. Nuestro país exhibe tasas de natalidad más cercanas a las de los países avanzados de Europa que a las de los países subdesarrollados. Ello, en adición a la mayor expectativa de vida que se ha evidenciado con relación a décadas pasadas, determina un crecimiento demográfico bajo, con envejecimiento poblacional, lo que en definitiva se traduce en menos personas en condiciones de trabajar activamente, con relación a un proporcional aumento de la población pasiva.
La mayor expectativa de vida que se proyecta para los próximos años en nuestro país genera una mayor sobrevida para la clase pasiva, con la consecuente carga para el sistema. Se estima actualmente en 15 años el promedio de sobrevida, desde el momento en que la persona se jubila, para proyectar las erogaciones futuras del sistema. Pero decimos que si la expectativa de vida aumenta, ergo aumentará la sobrevida, lo que determina en consecuencia que una persona –según el esquema previsional actual– al final de su vida terminará con similar cantidad de años aportados al sistema como activo, que los años que percibió su jubilación del sistema. Pongamos un ejemplo básico: una mujer se puede jubilar hoy con 30 años de aportes y 60 de edad. Si decimos que el promedio actual de sobrevida es de 15 años, se entiende que esta persona trabajó 30 años y cobró 15 años de jubilaciones. Pero ése es sólo el promedio de la sobrevida. Conocemos varios casos de personas que se han jubilado con 55 años de edad, o menos, bajo leyes anteriores y con 25 años de servicios, que hoy tienen más de 80 años de edad, con lo cual han percibido haberes del sistema por más años de los que han aportado a él. Como ejemplo concreto puedo citar el de mi propia abuela, quien aportó durante 30 años y falleció con 88 de edad, es decir que aportó como docente 30 años y percibió jubilación por 33 años, más la pensión de mi abuelo.
La sobrevida estadísticamente es mayor en los sectores socioeconómicos medios y altos, que justamente tienen los mayores ingresos, ergo, sus jubilaciones son más altas.
Si dividimos la cuestión por géneros, las mujeres tienen mayor sobrevida, y menor edad jubilatoria. Si se mantiene en el futuro la misma edad jubilatoria, habiéndose incrementado notablemente la sobrevida, veremos en un futuro no muy lejano que la mayoría de los jubilados percibirán su jubilación durante más años de los que efectivamente han aportado.
El sistema previsional argentino, con su 82% móvil estuvo diseñado décadas atrás, dadas otras circunstancias económicas, que determinaron una relación aportante-beneficiario excelente y con diferentes índices demográficos. La expectativa de vida al nacer ha pasado de 67 a 77 años en las últimas décadas. Argentina tiene hoy, luego de Cuba y de Uruguay, la población más envejecida de Latinoamérica. En efecto, 10% de la población argentina tiene 65 ó más años de edad. En contrapartida, la población económicamente activa, esto es, de entre 18 y 64 años de edad, congrega casi 60% de la población. Por ello es que hoy resulta inviable aquel esquema, lo cual determina que se deba auxiliar con parte de las recaudaciones de los impuestos citados.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) plantea la ineludible necesidad de elevar la edad jubilatoria en un año por cada década, para mantener la estabilidad requerida, reiteramos, según el esquema actual, que supone los auxilios impositivos señalados.
No se aburra el lector, pues aún no hemos agotado los problemas que agobian el sistema. El tercer grave problema es el de la altísima litigiosidad. Según recientes estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el fuero, en lo que va de 2010 han ingresado casi 10 mil causas por mes, lo que –proyectado– supone que sólo en 2010 ingresarán alrededor de 100.000 causas. Sí, leyó Ud. bien: cien mil causas, a las que deben adicionarse las no resueltas aún de años anteriores, cifra estimada en unos 400.000 juicios activos.
Con este solo dato estadístico basta para explicarles a los jubilados el porqué de la eterna demora de los famosos juicios de reajuste. La litigiosidad es inherente al sistema debido a que es altamente impredecible, dada la ausencia de una política estatal seria, lo que redunda en una severa inestabilidad institucional, en un escenario de ausencia de seguridad jurídica.
La lógica nefasta del sistema previsional argentino impide legislar para el universo de jubilados recogiendo los lineamientos de la jurisprudencia. La ecuación es sencilla: no se puede pagar a los seis millones de jubilados según Badaro 1 y 2: en consecuencia, pese a que Anses conoce a la perfección el resultado de las acciones que se inician en su contra, obliga a los jubilados a desgastarse por años en los tribunales. Como no puede pagar a seis millones de jubilados lo que corresponde según la Corte, prefiere pagar, sin costas en virtud de la Ley de Solidaridad Previsional, cien mil juicios por año…
En este lugar es necesario encender la alarma: si se aprueba el proyecto, seguramente se generará un nuevo y contundente aluvión de demandas de reajuste por el otro 30% de jubilados que no recibirá el incremento. Si sólo se eleva la mínima, quedan fuera del aumento numerosos jubilados que han hecho aportes superiores durante su vida como activos. Al achatarse la pirámide de las prestaciones, los que más aportaron están cada vez más cerca de la base de la pirámide, con lo cual se vulnera gravemente el derecho consagrado constitucionalmente a la jubilación proporcional, a la igualdad, y un largo etcétera, que se ha convertido en el padrenuestro del fuero de la seguridad social. La litigiosidad que he referido, que es contemplada como una ecuación nefasta para licuar haberes, es un arma de doble filo: un buen día la Corte dicta un “nuevo Badaro 3” y se le complica la calculadora al Anses.
Un cuarto problema lo representan las políticas irresponsables que se han adoptado en materia de seguridad social. Históricamente los fondos de la seguridad social se han manejado a discreción del cacique de turno. Pese a ello, y pese a que todos han señalado los errores del pasado, en el presente estamos como para repetir de curso ya que nada se ha aprendido de las consecuencias de maniobras anteriores.
En efecto, tenemos el caso de la cuestionada estatización de las AFJP. Más allá de la cuestión de la confiscación de los fondos y más allá del uso arbitrario que se ha venido dando de ellos, Anses computa el ingreso de los dineros como un triunfo de gestión. En realidad, se discute el destino de los fondos, que deberían invertirse seriamente, pero que se destinan a criticados proyectos que se conceden quid pro quo. En otras palabras: una especie de toma y daca entre gobernantes y gobernados, y con estos últimos me refiero a los gobernadores.
A nuestra ciudad, por caso, se le ha prometido el subte, el ferrourbano, el tren de alta velocidad. Al día de hoy sólo promesas, y sospechas. (Nos estaría faltando un submarino nuclear para que la CAP realice control de alcoholemia en La Cañada y el Túnel del Tiempo a la Luna, y los cordobeses no pedimos nada más). En consecuencia, los fondos que deberían garantizar la estabilidad del sistema se comprometen para cuestiones ajenas a la seguridad social, y serían en el tiempo absorbidos por el incremento propuesto, si es que nada de fondo cambia. Más aún, los intereses de dichos fondos van a financiar el nuevo régimen de las Asignaciones Universales, que no discutimos desde el punto de vista teleológico.
El affaire AFJP desnuda la impulsividad e improvisación de las medidas que se adoptan, que fueron tendientes a disfrazar un superávit, a conseguir fondos frescos para el quid pro quo, entre otras cuestiones. En el medio quedaron los jubilados, como siempre. Los aportantes al sistema privado de capitalización quedaron atrapados en una etapa de transición, parchada constantemente con infinidad de normas. Atento a que nadie se ha jubilado como aportante puro a la capitalización, con 30 años o más de servicios, nunca sabremos a ciencia cierta si el sistema era tan bueno o tan malo como decían unos u otros, según sus propios datos de consultorías bien pagas.
Otra muestra de la irresponsabilidad financiera es la jubilación sin aportes, más conocida como jubilación de amas de casa. Sin haber aportado al sistema, alrededor de dos millones y medio de personas accedieron a la jubilación. Es decir que alrededor de uno de cada tres jubilados lo es mediante este mecanismo. Un problema es que éste se aplica sin filtros, sin ningún análisis socio-económico del solicitante. Sería al menos más razonable el mecanismo si se hubiera implementado como una ayuda de la seguridad social a gente de bajos recursos o a gente que por informalidad laboral siempre trabajó en changas o en negro. Pero, tal como está reglamentado, permite jubilarse a cualquiera, incluso a las “señoras de” que nunca tuvieron interés ni necesidad de trabajar. (Convengamos, si la ley permite jubilarse, nadie va a decir que no le vienen bien unos pesitos de más…).
Lo que generalmente se pasa por alto al analizar la cuestión es la “deuda” contraída por el Estado a favor de los jubilados por medio de moratorias. En los próximos años comenzarán a pagarse íntegros los haberes de este tipo luego de la cancelación de la última cuota de la moratoria. A una sobrevida promedio de 15 años, multiplicado por dos millones de jubilados por moratoria, y a una tasa de interés real del cuatro por ciento anual, Idesa ha calculado que el compromiso que asumió el Estado con cada uno de los jubilados por moratoria es de aproximadamente U$S 27.000, lo cual implica que la “deuda” total contraída con las moratorias asciende a unos US$ 60.000 millones, es decir, una cifra similar a la de las reservas actuales del Estado. Este mecanismo aún vigente, con ciertas modificaciones, ha venido a alterar en pocos años y de manera notable y en sentido perjudicial, la relación aportante/beneficiario que explicamos más arriba. A poco de analizar la situación, tenemos muy a mano un ejemplo de lo que puede suceder cuando se altera rápida, notoria y perjudicialmente dicha ecuación: la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba sufre hoy en día de la llamada Emergencia Previsional, que acaba de ser prorrogada por dos años más. Esta emergencia fue sólo posible gracias a los deméritos de varios gobiernos, pero pese a encontrarse con los números prácticamente en rojo, años atrás se lanzaron las jubilaciones anticipadas, con lo que –aunado al increíble mecanismo de contrataciones de empleados estatales– se llegó a una profunda alteración de la relación activo/pasivo de que se trata.
Hoy los platos rotos los pagan, como siempre, los jubilados. Peor aún, pese a todos los desmanejos, improlijidades e improvisaciones, hoy la emergencia está vigente, y recae sólo en una pequeña porción de los jubilados provinciales todo el peso de los recortes jubilatorios, también conocidos bajo el eufemismo de Títulos de Cancelación Previsional.
La sanción de los regímenes jubilatorios especiales, destinados a magistrados, diplomáticos, docentes, investigadores y universitarios, que sin lugar a discusiones merecen al menos los tres últimos sectores, han venido a crear un doble problema con vistas al futuro. En primer término, existen numerosas actividades o sectores que merecen o creen merecer un régimen jubilatorio especial, que, como aquéllos, otorgan las jubilaciones del famoso 82% móvil. Nadie les puede cortar el derecho ni las aspiraciones a los demás sectores a pelear por lo que creen justo y que seguramente merecen, lo cual, de concretarse en algunos casos, contribuirá a mayores erogaciones del sistema, para destinarse a beneficios más altos. El segundo problema que se avizora, siempre mirando hacia un futuro indefinido, es que los regímenes especiales, que otorgan prestaciones más altas hoy por hoy, se sostienen a sí mismos con aportes más altos, lo cual no significa que en algún momento dejen de ser regímenes autosustentables. Los aportes adicionales destinados a financiar las prestaciones más elevadas que suponen estos regímenes son más que suficientes hoy para atender a los beneficiarios de esos regímenes, debido a la elevada relación sectorial, si le podemos llamar de alguna manera, entre aportante-al-régimen-especial y beneficiario-del-régimen-especial. Esta elevada relación es producto de la novedad de los regímenes especiales, que irán cargándose de beneficiarios en el tiempo siguiendo las pautas del régimen general ya expuestas, con lo cual a futuro muy probablemente los regímenes especiales serán una carga para el sistema general. Si observamos lo que sucede en la Caja de Jubilaciones provincial, veremos que la predicción audaz que acabamos de efectuar no debe pasarse por alto: los sectores de bancarios y Epec, que pagan jubilaciones más elevadas que el promedio, pese a los altos aportes personales, pese a que mantienen altas contribuciones patronales, pese a, por ejemplo, aportes extras personales y patronales al Fondo Compensador de EPEC, generan la carga del sistema al punto tal que hoy, luego del dec. 1015/10, deben sostener en solitario la emergencia previsional cordobesa.
Para no agotar al lector, sólo nos hemos extendido en los temas más visibles de la problemática. También se debe tener presente la informalidad laboral, tanto el trabajo en negro como trabajo en “gris”; las altas tasas de subocupación y desempleo; la elevada evasión impositiva; la elusión de aportes previsionales y un largo etcétera. No debemos tampoco cerrar los ojos y creer que con el aumento de la jubilación mínima a 82% del SMVyM se efectúa un logro desmesurado. Por el contrario, genera injusticias para los que perciben más que la mínima: la pirámide de las jubilaciones debe recomponerse, a la par que toda la escala debe recuperar la pérdida del poder adquisitivo que viene sufriendo en este contexto inflacionario, pese al cual se sigue determinando el haber inicial de las jubilaciones por un promedio a valores históricos de los últimos 10 años de actividad del jubilado.
El sistema previsional argentino presenta tantas aristas que se genera el “efecto de la manta corta” que se analizará más abajo. Se debe revisar íntegramente la legislación previsional, las estadísticas y proyecciones, e intentar anticipar el futuro escenario socioeconómico y demográfico.
La única solución para este sistema previsional argentino en constante mutación consiste en una política de Estado seria, pensada a 30 años, consensuada y ampliamente estudiada y debatida. Sólo con la participación de gobierno, empresas y trabajadores, ONG, provincias y municipios, se podrá dar un debate que debe ser horizontal y abarcar todo el abanico político, dirigido por especialistas, que previamente hayan tenido a la vista estadísticas fiables de organismos gubernamentales verdaderamente independientes y que no se miren el ombligo de la Capital Federal, sino que chequeen todo el cuerpo nacional. Un organismo estadístico, que se supone federal, pero que no va más allá de La Matanza ni cruza el Riachuelo es un organismo tuerto y afectado de cataratas, ergo inservible.
Como se ha visto, deberían revisarse las asignaciones impositivas especificas, la distribución de la coparticipación, la legislación laboral y previsional; deberían elevarse las edades jubilatorias, a la par que los aportes patronales para retornar al 33% histórico; deberían efectuarse controles efectivos sobre evasión y elusión impositiva y de recursos de la seguridad social; sincerar y blanquear subsidios y gastos discrecionales y superfluos; gravar la renta financiera; etcétera. Seguramente no hay una receta precisa, pero ciertamente con modificaciones específicas y concretas no se logra la estabilidad del sistema, sino que se adicionan nuevas normas que vienen a poner un parche a un sistema que hace agua por todos lados.
El “efecto de la manta corta” relatado se evidencia con las propias contradicciones de Gobierno y oposición. El Gobierno afirma que no existe posibilidad de financiar el aumento, cuando un par de años atrás explicó todo lo contrario al expropiar fondos capitalizados, prometiendo un destino de los fondos aplicados al sistema previsional. Los mismos fondos que ahora no quiere tocar para financiar el aumento. Asimismo se ve preocupado el Gobierno por la estabilidad y sustentabilidad del sistema para el futuro. Se nota que no reparó en ello cuando lanzó las moratorias previsionales. Se nota que no repara en ello cuando las mantiene. Peor aún, luego de varios años de moratorias, y dos millones y medio de jubilados más tarde, se “avivan” AFIP y Anses de cobrar intereses para los que “compran” aportes con ley 24476, para obtener la jubilación de amas de casa.
Desde la oposición, se fogonean proyectos tan antitéticos y contradictorios que evidencian un profundo desconocimiento de todos ellos. Por un lado se impulsa el aumento a los jubilados, pero por el otro se impulsan proyectos tendientes a las rebajas de IVA y Ganancias. Estos proyectos plantean necesarias reformas, eso está claro (sobre todo por las arcaicas escalas de deducción del impuesto a las Ganancias que se “comen” cada vez un mayor porcentaje del salario), pero son proyectos que implican teóricamente menores recursos para la seguridad social.
Los gobernadores, ejerciendo su constitucional “derecho al pataleo”, arman berrinches en la Rosada suplicando por la devolución, total o parcial, de la coparticipación cedida a la Nación para sostener el Régimen Público de Reparto, en ocasión de la creación del sistema de capitalización, el cual ya no existe, lo que teóricamente elimina la necesidad de mantener la cesión. Pero lo que reclaman los gobernadores, principalmente los de la vereda de enfrente, implica asimismo menores recursos para la seguridad social.
Con amenazas de juicios a la Nación, y con cartitas documento, muchos de aquéllos han logrado una especie de devolución indirecta de algo de lo que queda retenido por coparticipación, por medio del fondeo de Anses de determinados proyectos, o renegociaciones de deudas preexistentes, con lo cual se confirma aquello del toma y daca y de la utilidad de aquellos fondos de las AFJP para el manejo de la billetera y por ende de la agenda política. Billetera mata Gobernador, dicen en el barrio. Como especulábamos más arriba, no existe una receta única. El secreto consiste en cimentar las bases de un nuevo sistema previsional, teniendo en cuenta todos los aspectos señalados. Si tocamos uno u otro aspecto, dejando todo lo demás tal como se encuentra, nada cambiará en el fondo y en el año 2050 estaremos igual o peor que hoy.
El oficialismo hizo de los incrementos a los jubilados uno de sus caballos de batalla. Eso la oposición lo sabe, y para no ser menos, acorrala en esta hora al Gobierno. Teniendo mayoría casi garantizada para la aprobación del proyecto, la oposición patea la pelota al campo del Gobierno, que quedará en una terrible encrucijada. Vetar o no vetar,
Si el Gobierno veta el proyecto, cometerá un suicidio político y le “dará letra” a la oposición con vistas a 2011, quedando como el malo de la película, borrando de un plumazo todo lo bueno que había logrado con los aumentos previos a los pasivos y la movilidad a medias de la ley 26417. Cría opositores y te sacarán los ojos.
Por otra parte, promulgar el proyecto significará ni más ni menos que el triunfo de la oposición en un asunto muy sensible, y forzará al Gobierno a desdecirse. Deberá explicar por qué promulga el proyecto que antes no quería aprobar; deberá aclarar por qué afirmaba enfáticamente que era malo para las finanzas del país y –aun a sabiendas de que ello causaría un perjuicio al Estado– ahora no lo veta. Podría salir del paso el Gobierno vetando y decretando un aumento porcentual o a suma fija, que sea menor que el propuesto por la oposición, lo que abriría una ventana para todo tipo de opiniones y argumentos, desde todos los rincones.
Para concluir, y de acuerdo con lo expresado, no compartimos ni la visión del medio vaso lleno ni la del medio vaso vacío. Todo el alboroto retórico y mediático en torno a un tema sensible, que afecta a un potencial electorado de seis millones de personas, se resolverá muy probablemente con algún “acuerdo” por el incremento de las jubilaciones mínimas, sea en una suma fija o a 82% del SMVyM. De tal suerte que Gobierno y oposición, retóricamente argumentarán victoria, apelando a las conocidas falacias y lugares comunes. La calculadora se ha utilizado y mucho en esta época de discusión del aumento a las jubilaciones, pero no se han hecho cálculos financieros. Se han hecho cálculos electorales. Se especula con el universo de electores jubilados que el año que viene deberán visitar las urnas; de allí que quien aparezca ante el gran público como “vencedor” en esta lid, seguramente martillará nuestras cabezas con el cuentito del Tío Rico que aumentó las jubilaciones. Por eso yo, como dice la canción, sólo veo “vasos vacíos” ■
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