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Guillermo Filipelli -titular de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas-, expresó que una de las metas implícitas de gestión es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios previsionales y, de igual modo, amortiguar el impacto que los ajustes constantes de aportes puedan tener sobre la base de aportantes
“Las Cajas de Profesionales tienen como fin principal el bien común y la protección social de sus afiliados. Gozan de autonomía económico-financiera, siendo administradas por sus propios afiliados, en el marco de normas provinciales y bajo los principios de solidaridad con equidad. Las normas provinciales que crean estos regímenes de previsión social garantizan el financiamiento a perpetuidad de su sistema y la cobertura de las contingencias que repercuten en el nivel de vida de sus afiliados, tales como vejez, invalidez y muerte, mediante un planificado esquema de ingresos, egresos, inversiones y beneficios”, señaló a Factor Guillermo Fillipeli, titular de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de Córdoba.
Según el titular, la solidaridad -como piedra angular- debe ser entendida en la búsqueda del bien común, en virtud del cual todos los afiliados aportan en la medida de sus fuerzas para dar cobertura a quienes lo necesiten, logrando distribuir los efectos económicos de las contingencias entre el mayor número de personas. La equidad, por su parte, implica reconocer mejores beneficios a quienes se han mostrado más solidarios.
¿Qué aspectos afectan en forma directa el crecimiento de sus afiliados?
Mantener la base de aportantes resulta cada vez más complejo, en el marco de sistemas nacionales de seguridad social, cuyos esquemas desalientan la cultura previsional, con mayor impacto en las generaciones jóvenes de afiliados.
La evolución de aportantes, si bien actualmente está influenciada por la profundización de la crisis económica, también se ve afectada por el grado de conciencia previsional arraigado en la comunidad y por la condición y perspectiva del ejercicio profesional.
En ese aspecto estamos trabajando conjuntamente las cajas de Profesionales, pretendiendo generar, por medio de la educación previsional y de espacios que promuevan el trabajo conjunto con los Jóvenes -pre y post egreso de las universidades, un interés creciente por su régimen de cobertura, reinstalando la importancia de contar con una cobertura previsional desde el inicio de la etapa laboral.
¿Qué implicancias tiene la inflación en la administración del fondo previsional?
Los contextos inflacionarios y de incertidumbre político-económica generan todo tipo de distorsiones en las economías familiares y, del mismo modo, afectan el equilibrio entre los ingresos y egresos de los sistemas previsionales contributivos como el nuestro.
Una de las metas implícitas de gestión es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios previsionales y, de igual modo, amortiguar el impacto que los ajustes constantes de aportes puedan tener sobre la base de aportantes; en otras palabras, un haber digno versus aporte pagable, que garantice el equilibrio del sistema y su permanencia en el tiempo.
¿Cómo enfrenta la Caja sus obligaciones en este contexto inflacionario?
La Caja de Ciencias Económicas está sólida actualmente, lo que no implica que, en cada movimiento de haberes que se realice no se deban implementar los ajustes necesarios en las escalas de aportes, que aseguren el cumplimiento a perpetuidad de sus compromisos, tal como lo exige la normativa provincial.
Allí radica el problema a la hora de definir ajustes en los aportes de los activos para financiar nuevos incrementos de haberes, dado que los afiliados en actividad también están alcanzados por la coyuntura económica.
Por ello, la Caja viene acompañando a los pasivos, con ayudas extraordinarias que complementan los ajustes trimestrales otorgados en el haber base, protegiendo de este modo el poder adquisitivo de los beneficiarios previsionales. Estas ayudas no fueron incorporadas al haber, hasta el momento, para evitar ajustes adicionales en los aportes y potenciales desafiliaciones, lo que pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema.
La incertidumbre político-económica ¿afecta el ánimo de los sectores?
Por supuesto. Sin ir más lejos, hemos tenido la semana pasada una asamblea extraordinaria, convocada a pedido de afiliados y jubilados, que solicitaban un ajuste en los haberes por encima de los otorgados en el régimen nacional. Nuestra ley 8349 (to 2012) establece el ajuste de haberes de acuerdo con la movilidad nacional; no obstante, la asamblea puede fijar incrementos diferentes.
Por ello, la asamblea sesionó el pasado 26 de septiembre con más de 1.100 afiliados y jubilados presentes, lo cual es un importante logro institucional en cuanto a convocatoria, considerando que son justamente las asambleas el ámbito democrático idóneo para debatir y definir entre los interesados, el rumbo del régimen que los ampara.
El resultado del tratamiento del punto fue la no aprobación del aumento de haberes, al resultar que los votos afirmativos no alcanzaron la mayoría absoluta de asambleístas presentes, tal como lo exige la ley.
Esta situación exasperó a un grupo de colegas, que, sin moderación, sin escuchar, y sin medir consecuencias, tuvo exabruptos y embates contrarios a las buenas costumbres, lo que generó un ámbito de violencia y desconsideración, no conteste con la historia y prestigio de la institución.
Por ese motivo, los hechos lamentables de falta de respeto hacia autoridades de la Caja y hacia otros colegas, por parte de algunos (pocos) asambleístas, debe llamar a la reflexión sobre los modos y medios utilizados para alcanzar los propósitos que cada sector se plantea.
¿Qué ocurrirá ahora con los jubilados de la Caja, ante el resultado de la asamblea?
La situación de los pasivos es de permanente análisis por parte del directorio de la Caja y continuará del mismo modo. Para el mes de octubre, está previsto que los jubilados ordinarios perciban (sin bonificaciones) un total de $200.000 entre haber jubilatorio y ayuda económica extraordinaria. Para el mes de noviembre dicho valor se elevará a $210.000, para el jubilado de la categoría mínima de aportes.
Conocemos las dificultades que están atravesando los jubilados, especialmente por ser uno de los sectores más vulnerables en el escenario actual. Nos solidarizamos con ellos y estamos abocados a brindarles la contención que el sistema prevea y pueda otorgar, siempre tutelando el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo de la institución, esto es, asegurar la protección previsional a todo el colectivo de afiliados.
Convoco a los afiliados de todos los sectores y de todas las formas de actuación profesional, para que -aunando esfuerzos- defendamos nuestro régimen previsional, en forma mancomunada, con espíritu constructivo, en un ámbito de en el que prime el bien común y la protección de todos los afiliados en su integridad.
