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Sólo allí, donde Hierros A.R.C.E. SA concreta desde agosto el proceso de “descontaminación, compactación de vehículos provenientes de secuestros y la venta de chatarra, autopartes y/o automotores”, hay 14 mil motos y 3 mil autos. La adjudicataria debe abonar al Estado $7 por kilo compactado. ¿Cuál es el destino del material y de los fondos recaudados? ¿Es posible vender las autopartes en momentos en que los precios están en alza? Las respuestas, en este nuevo informe especial de Comercio y Justicia
Unas 30 personas esperan, detrás de un viejo portón de rejas, el llamado del oficial de turno para, oficio judicial en mano, poder retirar su auto o su moto (la mayoría de los casos), que desde hace pocos días se encuentra en el Depósito Judicial II, más conocido como Potrero del Estado.
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