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Tras la apertura de una investigación administrativa iniciada por el TSJ ante la denuncia de martilleros por tarifas cobradas “irregularmente” por funcionarios judiciales, el colegio profesional hará un planteo que se puede enmarcarse como “concusión”.
Luego de la denuncia pública que martilleros hicieron por una situación “vidriosa” sobre cobros realizados por oficiales de justicia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició una investigación administrativa. Cabe recordar que en oportunidad de la nota periodística del 11 de octubre publicada por Comercio y Justicia, los profesionales reclamaban obtener constancia -mediante recibos- por “gastos” que oficiales de justicia les estaban cobrando por fuera de los aranceles estipulados para diligenciar desalojos, embargos o intervenciones de caja, entre otros. Ahora, los martilleros preparan una denuncia penal que llevarían esta semana a tribunales.
Alexis Aguada, presidente del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia, quien en ese momento definió la situación como “vidriosa” y exigió una respuesta del TSJ sobre el tema, declaró el pasado viernes como testigo en el marco de la investigación.
Trascendió que hizo un relato de la situación irregular que los colegiados martilleros están sufriendo y reiteró los dichos de los matriculados en la asamblea reunida a efectos de tratar esa problemática.
Relató que uno de los oficiales de justicia, molesto por la actitud del colegio profesional, “pide públicamente su cabeza”; agregó que las “tarifas” se convienen periódicamente en una cena que los oficiales de justicia realizan en una casa particular de barrio Argüello, y agregó que hay uno de ellos que se autoapoda “Grundig” porque se autocalifica “caro, pero el mejor” -en alusión a una publicidad-.
Ahora, los martilleros preparan una denuncia penal que puede enmarcarse en el artículo 266 del Código de rito: la figura de concusión, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que ejecuta. La figura prevé de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial del cargo.
Entre las irregularidades que señalan los martilleros, advierten sobre que los oficiales de justicia exigen un precio por cada procedimiento, que varía según su importancia. Señalan, por ejemplo, que el secuestro de un auto vale 500 pesos -los fines de semana, mil-, un camión 3.000 pesos, un desalojo puede variar entre 3.000 y 5.000 pesos, y que de ese dinero no se da recibo ni constancia alguna. En contraste, cabe señalar que para gastos de movilidad la Justicia ha fijado un arancel entre 14 y 20 pesos.
