Las condiciones del teletrabajo docente durante la emergencia sanitaria

Por Aníbal Paz. Abogado. Especialista en temas previsionales

Si bien existen algunos proyectos al respecto, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que regule de manera expresa y específica el teletrabajo. Para atender a las cuestiones que se derivan del teletrabajo se han venido adaptando los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y el Convenio 177 sobre trabajo a Domicilio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Ley 25800, aplicando análogamente sus prescripciones a la casuística que ha ido llegando a los diversos tribunales.

Tampoco, por cierto, existen previsiones específicas sobre el teletrabajo en la actividad docente, en ninguno de sus niveles ni modalidades. Por ello, cuando la emergencia sanitaria ha sorprendido a los docentes del país han debido rápidamente adecuar la prestación de sus servicios a una realidad prácticamente desconocida. El objetivo del presente comentario es, precisamente, analizar cuáles son las condiciones en que se debería realizar el teletrabajo docente, a la luz de las normas vigentes que se aplican por analogía a esta situación anómica.

Definición preliminar
La única definición normativa que tenemos al alcance de la mano en nuestro país sobre el teletrabajo está dada por la Res. MTEySS 595/13 que en su Art. 3° dice: “Entiéndese por Teletrabajo, (…) a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (…) en las que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC)”. En una definición similar la Res. SRT 1552/12 establece: “Se entiende por teletrabajo a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones”. En consecuencia, todos los docentes, de todos los niveles y modalidades del país que se encuentren prestando servicios en las condiciones señaladas se han convertido, ipso facto, en teletrabajadores.

En esta coyuntura se van haciendo cada día más evidentes las deficientes condiciones en que prestan actualmente los servicios los teletrabajadores docentes, en su claro detrimento. Sin que podamos dar por agotados en este espacio todos los problemas que se han manifestado, puedo referirme a los siguientes:

– Falta de capacitación y/o experiencia en herramientas de educación virtual, en métodos pedagógicos por medio de esas herramientas, en habilidades blandas o soft skills

– Ausencia elementos ergonómicos y/o de seguridad en el hogar.

–Deficiencias de software, hardware y/o falta de insumos. Problemas de conectividad.

–Condiciones de infraestructura no aptas para el desarrollo de la actividad: espacios reducidos, con ruidos, faltos de iluminación/ventilación adecuada.

–Problemas derivados de la convivencia en el hogar con otras personas (compartir el mismo espacio físico, el mismo hardware y/o el mismo ancho de banda; interferencias en llamadas, audios, videochats derivados de ruidos domésticos, niños y/o mascotas. Atención de niños menores, en edad escolar y/o adultos mayores y/o discapacitados)

–Sobrecarga de trabajo, burnout, vulneración al derecho de desconexión digital.

–Vulneración de la privacidad e intimidad del docente.

Decía antes que no existen normas específicas que regulen el teletrabajo en la actividad docente. Pero existen normas que, mutatis mutandis, se adaptan perfectamente a la realidad imperante y deberían marcar el norte en cuanto a la actividad docente desde la virtualidad actual.
En el viejo Estatuto del Personal Docente de Ley Nº 14473 encontramos que el Art. 6 establece que el ejercicio de la actividad docente debe hacerse “en las mejores condiciones pedagógicas de local, higiene, material didáctico y número de alumnos”. A su turno el Art. 23 dice que “Las autoridades escolares estimularán y facilitarán la superación técnica y profesional del personal docente en ejercicio, mediante cursos de perfeccionamiento (…)”. Hemos visto entonces que la abrumadora mayoría de los docentes ha debido reencauzar sus actividades sin ninguna capacitación ni perfeccionamiento técnico previo, y en condiciones pedagógicas y didácticas que distan enormemente de ser las “mejores”.

La Ley de Educación Nacional 26206, a su turno, establece en su Art. 11 inc. m) dentro de las finalidades y objetivos de la política educativa nacional “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación”. De manera concordante el Art. 67 en cuanto a los derechos de los docentes cita el derecho “a la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera”; como anverso de ese derecho también se establece como obligación del docente “capacitarse y actualizarse en forma permanente”. En cuanto a las competencias requeridas nos referimos no solo al manejo técnico de hardware y software sino también a las soft skills necesarias (Creatividad, optimización del tiempo, adaptación al cambio, facilidad para la comunicación, escucha activa, etcétera) En este punto advertimos que no ha habido en la emergencia ninguna política de estado, sino más bien una iniciativa particular, y a tientas, de los docentes para ponerse rápidamente al día en estas cuestiones, sin por supuesto haber adquirido la totalidad de las competencias requeridas.

En cuanto a la docencia universitaria, la Ley de Educación Superior 24521 no contiene previsiones expresas sobre la condición de la labor docente en la educación a distancia, virtual, o por medios electrónicos, pero podemos encontrar interesantes previsiones -que permitirán integrar las lagunas normativas- en el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Docentes Universitarios y Preuniversitarios (CCT), homologado por Dec. 1246/15:

-Arts. 20 y 30 inc. f): Las Universidades Nacionales (UUNN) se obligan a proveer los medios adecuados a sus docentes para que estos desarrollen sus tareas. Esta obligación se encuentra íntimamente ligada con la obligación de brindar ocupación efectiva que se lee infra.

-Arts. 21 y 30 inc. g): Las UUNN deben reintegrar gastos previamente autorizados. Los docentes en virtud de esta norma podrían solicitar el reintegro de gastos destinados a equipamiento, a los fines de prestar sus servicios. Un tema a considerar es el reintegro –parcial al menos- de los mayores gastos en que incurra el docente por el uso de sus propios elementos de trabajo, y por sus insumos, mantenimientos y/o amortizaciones.

-Arts. 23 y 30 inc. C): Debe garantizarse la igualdad real de oportunidades y de trato, tanto en el acceso al empleo como durante la vigencia de la relación laboral en idénticas situaciones. Una de las categorías sospechosas es la edad: los docentes mayores, no nativos digitales, evidencian mayores dificultades en el uso de las aulas virtuales y demás plataformas de educación a distancia: Tratar por igual a personas que se encuentran en diferentes condiciones o situaciones implica, necesariamente, un atentado a la igualdad real de oportunidades, máxime si nos enfocamos sólo en el grupo de docentes adultos mayores (conforme a la Convención aprobada por Ley 27360, adulto mayor es aquel mayor de 60 años de edad). Deben tenerse presentes además las caracterizaciones efectuadas por la Corte Suprema en la causa García María Isabel, en lo tocante a la vulnerabilidad en que se encuentran los adultos mayores.

-Arts. 24 y Art. 30 inc. d): La UUNN deben garantizar al docente ocupación efectiva, de acuerdo a su categoría. Esa ocupación no puede garantizarse, por cierto, sin que el docente cuente con los medios necesarios, que deberán ser provistos por la UUNN, o bien adquiridos por el docente y que ese gasto sea reintegrado, con más la compensación por mayores gastos [insumos, mayor consumo de energía eléctrica, telefonía, datos móviles, internet, etc.]
-Art. 26: Las UUNN adoptarán “(…) todas las medidas para ofrecer gratuitamente los estudios de perfeccionamiento para todo su personal docente, en tanto y en cuanto esos cursos contribuyan a su formación específicamente en el área en que desempeñan las actividades para las que fueron designados”. Como ya expresé más arriba el perfeccionamiento en el caso no sólo debe ser sobre el área de conocimiento en que se desempeña el docente, sino también en las habilidades duras y blandas necesarias para el manejo de las tecnologías de que se trata.

– Art. 28: los docentes deben “(…) a) Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de sus tareas, funciones y a los medios que se le provean para desarrollarla (…)” Resultará harto difícil para un docente garantizar la calidad y excelencia académica si los medios que se le han provisto son deficientes o nulos, y más aún cuando su entorno y condiciones socioeconómicas afectan directamente la calidad de trabajo, y con ello la calidad de vida.

-Art. 43: Las UUNN deben garantizar “las adecuadas condiciones funcionales que posibiliten el normal desarrollo de la labor académica; las mismas deberán abarcar al menos los siguientes aspectos: a) Relación numérica docente – alumno (…) b) Dedicaciones adecuadas (…) c) Definición de actividades. La función docente se realiza en la modalidad “frente a alumnos” y mediante actividades que se realizan en ausencia de estos (…)” La funciones, conforme al Art. 8 deben cumplirse “propendiendo a la calidad y excelencia académica”, lo que ya se ha dicho resulta prácticamente imposible en este contexto. Si para garantizar la excelencia académica resulta imprescindible que la actividad docente se desarrolle en un ámbito adecuado, y con todos los medios necesarios, ¿podemos afirmar que ante la ausencia de ellos el docente debe adecuar su función a la realidad de su propio ámbito y medios, resignando excelencia académica? ¿O son las UUNN las responsables de garantizar esa excelencia debiendo acudir presurosas a auxiliar a todos los docentes que presenten dificultades, readecuando sus entornos y proveyendo los medios?

Consideraciones finales
Los derechos de los docentes se han visto claramente menoscabados al pasar, en un abrir y cerrar de ojos, a la prestación de sus servicios mediante la modalidad del teletrabajo. Este menoscabo hasta cierto punto es tolerado por nuestro ordenamiento, cuando consideramos la situación de fuerza mayor en que se encuentra la sociedad toda, y habida cuenta los principios generales de buena fe, solidaridad, esfuerzo compartido, inter alia que deben prevalecer en esta coyuntura. Ahora bien, existe un umbral que no puede traspasarse, y ese umbral se aprecia en cada caso concreto, de conformidad con las circunstancias que rodean a cada caso particular. Cuando la afectación haya traspasado esa línea el docente tendrá a su alcance la normativa reseñada, entre otras, para hacer valer sus derechos.

“No existen previsiones específicas sobre el teletrabajo en la actividad docente, en ninguno de sus niveles ni modalidades. Por ello, cuando la emergencia sanitaria ha sorprendido a los docentes del país, han debido rápidamente adecuar la prestación de sus servicios a una realidad prácticamente desconocida”