Los fraudes en el Registro de la Propiedad de Córdoba suman 149 condenados y 49 juicios orales

Entre los sentenciados se encuentra el ex director del organismo provincial, además de abogados, escribanos, martilleros y reconocidos empresarios. Sólo 22 personas fueron absueltas y 44  penas quedaron en suspenso. La Fiscalía de Instrucción del Distrito I, Turno I, a cargo de Enrique Gavier, ya cuenta con otras 26 causas listas para ser juzgadas en nuevos procesos. Las investigaciones comenzaron en 2003 y tres años después se realizó el primer allanamiento, por el que se pudo constatar qué maniobras se realizaban para falsear títulos dominiales de toda la provincia

Por Silvina Bazterrechea – [email protected]

La megacausa del Registro General de la Provincia parece no tener fin. Las investigaciones comenzaron en  2003 y desde esa fecha a esta parte ya suman 149 las personas condenadas, entre ellas funcionarios o ex funcionarios del Registro de la Propiedad, entre quienes se encuentra su ex director General, Jorge Belmaña Juárez; abogados; escribanos; jueces de paz; martilleros y numerosos empresarios y comerciantes  reconocidos en la provincia de Córdoba.
Si bien en un comienzo el escándalo parecía restringirse al Registro donde se realizaban las falsificaciones, adulteraciones y  supresiones de asientos registrales, al poco tiempo se comprobó que el problema del tráfico ilegal de derechos reales sobre bienes inmuebles, en realidad, era más profundo y abarcaba fraudes o maniobras que se realizaban también fuera del organismo provincial.
De esta manera, las investigaciones se profundizaron y se extendieron rápidamente también hacia otros modus operandi con significado análogo al de las maniobras realizadas dentro de la repartición, los cuales eran desarrollados a veces por los mismos sujetos y en otras, por otros, aunque siempre de alguna manera vinculados con los primeros y entre sí.

La dimensión
Hoy la megacausa es un conjunto de alrededor de 300 procesos judiciales en distintos estadios cada uno de ellos, según informó a Comercio y Justicia  el fiscal de Instrucción del Distrito I, Tuno I, Enrique Gavier. Más de 100 de esas causas han sido juzgadas en el marco de 49 juicios orales y públicos realizados por  la Cámara 10ª del Crimen -con diversas integraciones-. Prácticamente la totalidad de los jueces de cámara de  la ciudad de Córdoba formó en algún momento parte de estos procesos.
Sobre la totalidad de las personas que fueron sentadas en el banquillo de los acusados, 149 fueron condenadas hasta la fecha y 22 fueron absueltas. De esas 149 condenadas, 105 recibieron penas privativas de la libertad efectivas y 44 en suspenso.
Entre los condenados se hallan 10 funcionarios o ex funcionarios del Registro, entre  ellos Belmaña Juárez; 16 abogados; 15 escribanos; 2 jueces de paz de campaña; 6 martilleros o corredores inmobiliarios; 13 gestores; y numerosos empresarios y comerciantes.
Actualmente, además de los procesos sentenciados, hay 26 causas de más de un proceso cada una de ellas, con la investigación penal preparatoria concluida y en  condiciones de ser juzgadas.
La investigación penal preparatoria de estos procesos se tramita ante la Fiscalía de Instrucción de Enrique Gavier.

Primer allanamiento
En mayo de 2006 se realizó el primer allanamiento al Registro de la Propiedad y desde ese momento comenzaron a verificarse las irregularidades y delitos que se cometieron en su seno y sirvieron para intentar modificar situaciones de hecho de inmuebles de todo el territorio de la provincia.
A partir de esa fecha, el fiscal de Instrucción de Distrito 1, Turno 5, Alejandro Moyano (hoy fiscal General de la Provincia), comenzó a investigar  los hechos con la participación de quien en 2006 era secretario de Moyano, Enrique Gavier. En 2008, éste asume en la Fiscalía del Distrito 1, Turno 1, y continúa con la instrucción de la megacausa. Desde su fiscalía prosigue también como fiscal de Cámara subrogante, a la par del titular, Pablo Sironi.
Juan José Rojas Moresi es el camarista que ha estado en casi todos los debates públicos y orales como integrante de la Cámara 10ª que está abocada de manera única y exclusiva a este megaproceso, desde 2008.

Primer proceso, el perejil

En septiembre de 2008 ocurrió el primer juicio oral en el marco de la megacausa del Registro de la Propiedad.
En esa oportunidad fueron condenados dos ex empleados del organismo,  Daniel Osvaldo Cerdá y su esposa, Silvia Alejandra Barrera, con penas de cuatro años y dos meses y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente. Al resto del grupo familiar se le aplicó sanciones de cumplimiento condicional. Así, la hija del matrimonio, Natalia Azucena Cerdá, fue condenada a dos años, y al padre de Silvia, Victorio Benjamín Barrera, a tres años de prisión en suspenso. Finalmente, el tribunal ordenó la detención del militar Edgar Aguirre Pereyra, luego de aplicarle una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva.
Antes de dictar sentencia, el imputado Daniel Cerdá acusó al ex gobernador José Manuel de la Sota y a sus ministros  de haber participado en las maniobras ocurridas en el Registro General. “Me veo como un peón, un perejil dentro de una maquinaria muy aceitada”, advirtió, en lo que fue una breve declaración.

Agenda 2017: otros dos nuevos juicios involucran a Belmaña Juárez

El ex director del Registro de la Propiedad, Jorge Belmaña Juárez, deberá enfrentar dos nuevos juicios orales en el transcurso de este año.
Uno de los procesos está relacionado con la supresión y falsificación de asientos registrales de una valiosa propiedad inmueble rural, valuada en el año 2010 en 20 millones  ubicada en Pedanía Cañas departamento Colón. En esta causa también  está acusada  la esposa del ex funcionario,  Irma Marino de Belmaña.
Completan la nómina otros nueve acusados, muchos de ellos ya condenados en otras causas vinculadas a los fraudes del registro.
Otro proceso que también tendrá como protagonista a Belmaña Juárez, y que debió postergarse por un planteo defensivo, es uno vinculado a un inmueble emplazado en la localidad de Los Reartes, en las serranías del valle de Calamuchita. En esta oportunidad se le atribuye al ex director del Registro General haber actuado en complicidad con su sobrino Pablo Nores Marino –también ya condenado con anterioridad- y el ex oficial de justicia del Poder Judicial Francisco Petrolo, falsificando ideológicamente actas de un proceso judicial civil, orientado a tomar posesión de modo fraudulento sobre el bien inmueble en cuestión que, si bien estaba inscripto  en el Registro General de la Provincia a nombre de Pablo Nores Marino, era posesión legítima, por más de 20 años de Baldur Teut Luders, ya que éste lo había adquirido a título oneroso por boleto a su dueño en el año 1969.

El caso del empresario “Toto” Sabagh 

En el año 2014, al empresario cordobés José Rodolfo Sabagh (Toto) fue condenado a cinco años de prisión y multa de 50 mil pesos acusado de los delitos de falsedad ideológica, usurpación reiterada, supresión y adulteración de instrumento público y hurto continuado. El tribunal le concedió el arresto domiciliario por ser mayor de 70 años.
Además de Sabagh, resultaron condenados Ramón Barrionuevo, a cuatro años y medio de prisión; Víctor Moyano, tres años y nueve meses; la escribana Ana María Scacchi, tres años de prisión, más seis años de inhabilitación profesional; Antonio Garay, dos años y medio; Daniel Cerdá, dos años y 10 meses; su esposa Silvia Barrera, dos años y medio; Horacio López, tres años de prisión condicional; Jorge Bracamonte, dos años y tres meses de prisión. El único absuelto fue Miguel Calderón.
Para condenar a Sabagh, los jueces  Oscar Fernando Iglesias, Juan José Rojas Moresi y Ricardo Iriarte consideraron agravante que “por su situación económica, Sabagh muy lejos estaba de tener la necesidad de delinquir para vivir, siendo por el contrario que lo guiaba un fin de lucro”.
Durante la primera audiencia del juicio, cuando uno de los fiscales le preguntó a Sabagh cuál era su patrimonio, el empresario respondió: “Y… Cuarenta o cincuenta millones”. “¿De pesos?”, le repreguntó; “No, dólares”, cerró.
En los fundamentos, el tribunal consideró que el empresario era la “figura principal” de la organización que se pretendía apropiar ilegítimamente de un campo de 78 hectáreas en Chacra de la Merced y a orillas del Suquía para instalar una cantera.
Los camaristas consideraron que Sabagh, entre todos los imputados, era quien tenía “el poder económico necesario para costear las sucesivas invasiones al campo, las obras allí realizadas, el pago de la mano de obra pertinente y, sobre todo, poner en funcionamiento” esa instalación. Además, el tribunal adjudicó los otros roles. El “trabajo sucio” era hecho por los “peones” de la banda: Fabián Eugster, Ramón Farías, Miguel Ángel Calderón, Gustavo Segovia y José Félix Llanos. Ellos permitían a Sabagh seguir en la “oscuridad absoluta”.
También se consideró en la condena la violencia ejercida y el perjuicio económico a los propietarios del predio, ya que se alteró el suelo por la extracción de áridos.
El inmueble del que intentaron apropiarse es uno de los más valiosos de la megacausa.

Un juicio emblemático
Petrone recibió una dura pena por la apropiación de un campo

En mayo de 2014, el reconocido desarrollista  y dueño de la empresa GAMA SA, Jorge Petrone, fue condenado por la Cámara 10ª del Crimen a cinco años y medio de prisión, junto con otros acusados, por la apropiación ilegal de un campo de 63 hectáreas  sobre la ruta 20, en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.
Las tierras estaban ubicadas en forma aledaña al country La Arbolada, que en aquel entonces era un emprendimiento de GAMA.
En el año 2009, el fiscal Alejandro Moyano pidió que se realice un juicio contra Petrone. El juez de control Esteban Díaz aceptó el pedido pero la defensa del empresario recurrió y llegó hasta  la Cámara de Casación.
Finalmente, el juicio llegó en 2013, y en enero  del año siguiente fueron sentenciados a prisión, además de Petrone, el comprador Diego Oxandaburu (4 años y 3 meses), Oscar García (3 años y medio), el escribano porteño Alfredo Enz (4 años), otra escribana, María Laura Pace (3 años y medio), a quien también se la acusó de haber adulterado los títulos para la venta final para GAMA; y el tramitador Ramón Ordóñez (3 años).
La principal defensa de Petrone apuntaba al trabajo de buena fe que realizaba éste y que, inocentemente, en ningún momento sospechaba de la posibilidad de que los títulos eran falsos. En su alegato, Petrone aseguró que al manejar un imperio tan grande como GAMA resultaría inevitable que, en muchos de sus tramos, fuese el blanco de ciertos inescrupulosos. “La fortaleza de mi empresa hace que sea una gran debilidad: cualquiera me embarga, cualquiera me amenaza, cualquiera me extorsiona”, declaraba.
Luego de la condena, Petrone también acusó al entonces gobernador José Manuel de la Sota. Mientras lo esposaban, declaró: “Soy un preso político de De la Sota porque soy el único empresario que le dijo ‘mentiroso’; porque no vivo de la teta del Estado”.