ESCUCHARLa representante de los abogados del interior en el Consejo de la Magistratura de la Nación Marina Sánchez Herrero se manifestó a favor de que los jueces paguen el impuesto. Aseguró que durante su gestión trabajará para profundizar las auditorías en la Justicia y avanzar con la cobertura de vacantes
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Durante la jornada de hoy asumirán las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de la selección y remoción de los jueces.
La gran sorpresa se conoció el viernes pasado cuando tras un acuerdo político entre distintos sectores peronistas le arrebataron la mayoría a Cambiemos.
De esta manera, el peronismo cordobés logró imponer al diputado Martín Llaryora como suplente de Graciela Camaño. Cada uno estará en el cargo seis meses. La otra silla quedó para el kirchnerismo representado por Wado de Pedro y Vanesa Siley.
El acuerdo implicó que el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, quien aspiraba a continuar en el Consejo de la Magistratura, quedara afuera del organismo.
Por el estamento de los magistrados los jueces Ricardo Recondo –de la Cámara Civil y Comercial Federal-, Juan Manuel Culotta –del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero- y Alberto Lugones –de la Cámara Federal de San Martín. Los flamantes consejeros reemplazarán a sus colegas Luis María Cabral, Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez. El último cargo correspondiente al kirchnerismo, seguiría siendo para Rodolfo Tailhade.
Por los abogados, ingresará Juan Pablo Más Vélez y la marplatense Marina Sánchez Herrero; mientras que el representante de los académicos será el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, quien reemplazará a Jorge Candis.
Antes del acto de asunción, la representante de los abogados del interior Marina Sánchez Herrero dialogó con Comercio y Justicia.
– Asume hoy su cargo en reemplazo de Miguel Piedecasas. ¿Con qué expectativas llega al Consejo de la Magistratura?
-Mi idea es seguir trabajando en el mismo sentido que lo venía haciendo Piedecasas entendiendo que los juzgados necesitan jueces, que es necesario mejorar la conectividad en todo el país para evitar demoras y que hay que auditar a la Justicia porque tenemos que saber qué está pasando. Es decir, hay que avanzar en el camino que se viene trabajando.
-¿Cree que va a encontrar los consensos para trabajar en ese sentido? Pichetto, por ejemplo, logró mantener la mayoría por el Senado en el Consejo.
-Ojalá. Es lo que queremos, pero está claro que si para mí la cobertura de cargos es indispensable y para otros la Justicia debe funcionar con jueces nombrados a dedo, seguramente no vamos a coincidir. De cualquier manera, yo creo que hoy la Argentina tiene que encontrar los consensos y, en ese sentido, vamos a trabajar. Hay un consenso de Justicia que tiene que ser común, todos tenemos que coincidir en que la Justicia tiene que ser independiente. Que no puede demorarse un juez 20 años en resolver una causa y, si no coincidimos en eso, realmente estaremos mal.
– ¿Cómo está hoy el tema de las vacantes en el Poder Judicial?
-Las vacantes se redujeron a 12 por ciento. Desde 2015 hasta ahora la gestión de Piedecasas elevó casi 300 ternas y eso fue muy importante, porque la anterior gestión-desde 2011 a 2015- para cubrir 300 cargos vacantes elevó sólo 45 ternas, menos de 10 por año. El resto, eran jueces subrogantes seleccionados de manera directa sin el debido proceso. Estoy convencida de que no es posible que los juzgados no tengan juez. No puede ser que tengan un juez que vaya cada 15 días y que no esté 100% sobre las causas. No podemos vivir en esa sociedad. La sociedad lo reclama y es lo que debe ser: que los jueces estén dentro de los juzgados y seleccionados siguiendo el debido proceso.
-¿Durante esta gestión los abogados volverán a la comisión de selección?
-Es una vergüenza que nos hayan sacado de esa comisión, porque nosotros sabemos mejor que nadie qué tipo de jueces necesitamos. Está claro que no necesitamos a un juez que no vaya a a las audiencias, que no tenga inmediatez con las causas, que no tenga empatía con las partes, que demore 20 años en resolver una causa. Habernos sacado de la comisión en la que se elige el perfil del juez es un hecho grave y si hay que ir a la Justicia, lo haremos.
– Esta semana podría debatirse el pago del Impuesto a las Ganancias de magistrados. ¿Qué posición tiene sobre el tema?
-Para mí los jueces tienen que pagar Ganancias, hasta ahora no han logrado demostrar que exista una razón jurídica que los exima. Que no paguen es un privilegio. Son trabajadores como cualquiera. Sí debo reconocer que cuando se establecieron aquellas excepciones, la sociedad aceptaba de alguna manera esos privilegios, pero hoy la sociedad ya no piensa así. Ya no le da al Poder Judicial el mismo lugar. Hoy piensa: “él -el juez- es igual a mí”. Se pregunta: “¿Por qué él no paga y yo sí debo hacerlo?”. Yo creo que los jueces son ciudadanos que decidieron trabajar en la Justicia y, como tales, son trabajadores que tienen una gran responsabilidad, que no los exime de pagar el impuesto a las Ganancias. Por eso creo que tienen que pagar y la sociedad está esperando del Poder Judicial que cumpla con un deber cívico básico. Hoy la sociedad le pide a los jueces que respeten el principio de igualdad ante la ley.
– ¿Profundizará en su gestión las auditorías en el Poder Judicial?
-Yo considero que toda la Justicia tiene que ser auditada, necesitamos saber qué está pasando, qué está bien y qué está mal. Eso se logra sólo con una auditoría seria que el Consejo de la Magistratura puede hacer. Necesitamos saber por qué una causa de corrupción demora 20 años y por qué luego prescribe. La prescripción es sinónimo de inacción, es una sanción porque alguien no hizo lo que tenía que hacer, llámese, juez, fiscal, etc. Alguien tiene que responder. No puede decirse “prescribió” y nada más. No puede pasar.
