El plazo para interponer demanda por incapacidad

El Máximo Tribunal de Córdoba concluyó que el modo en que la Sala actuante de la Cámara del Trabajo comenzó a contar los 45 días previsto por la Ley de Riesgos fue el adecuada Al entender que fue adecuado a derecho la decisión del a quo respecto de la fecha en la que comenzó a contar el plazo de caducidad de los 45 días dado por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) para interponer la demanda judicial luego del transcurso por la Comisión Médica (CM), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) negó la queja presentada por la parte actora. [privado] La Cámara del Trabajo denegó el recurso de casación al entender que la decisión que se cuestionaba era un caso constitucional, por lo que la vía impugnativa adecuada era la prevista en el Art. 107 CPT y no fue utilizada. El quejoso insistió en que su crítica fincó en el razonamiento del sentenciante, que lo llevó a rechazar la demanda por reputarla interpuesta fuera del plazo de caducidad previsto en la ley N° 10456 -45 días hábiles desde la notificación del dictamen de la comisión médica- y agregó que lo que impugnaba era el argumento de que el actor no acreditó la notificación y que, por ello, correspondía computar el término desde la entrada en vigencia de la ley; esto es, desde el 15/09/2017, por lo que la materia en crisis no se vinculaba con inconstitucionalidad alguna. A su turno, el Alto Cuerpo provincial, integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Domingo Juan Sesin y Mercedes Blanc de Arabel, señaló: “Ceñido el cuestionamiento recursivo al momento tomado como punto de partida para computar el plazo del Art. 3 de la ley N° 10456, la inconstitucionalidad planteada inicialmente al respecto no tiene virtualidad”, observando que “la plataforma fáctica incorporada a la causa luce desfavorable a la pretensión del impugnante, pues el embate referido al exceso en que pudo incurrir el Tribunal al exigirle acompañar la constancia de la comunicación del dictamen de la CM -porque para analizar el plazo tuvo por agotada la vía administrativa-, en el subexamen carece de importancia dirimente”. En ese sentido, el TSJ señaló que el quejoso, para dar sustento a su postura, se limitó a decir que el decisor no se la requirió, pero en su discurso no sólo no invocaba ausencia de notificación o que fue con posterioridad al 15/09/17, sino que omitió que el certificado de su médico particular, en virtud del cual acciona reclamando la diferencia porcentual de incapacidad, era “contemporáneo” con lo dictaminado por la CM -24/04/2017. Se añadió que lo definitivo es que tuvo conocimiento del veredicto por lo menos desde esa fecha y, por ende, desde allí estuvo habilitado para cuestionar las resoluciones adversas. Al respecto, se añadió: “El momento escogido por el Juzgador para contar el término de caducidad del Art. 3 ib., significó la ponderación del principio in dubio pro operario -Art. 9 LCT-, por lo que carece de fundamentación la inobservancia que acusa en este aspecto”. Así, los vocales expresaron que reforzaba lo decidido la regla general de que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes - arg. Art. 7 CCCN-, el criterio histórico de la Corte Suprema de Justicia de que las leyes que organizan los procedimientos son inmediatamente operativas en tanto no invalidan actuaciones cumplidas con arreglo a las anteriores y la ley provincial N° 10456 que en su Art. 5 supedita su vigencia a la celebración del convenio con la SRT. Éste se concretó el 29/08/2017 y en su 21ª cláusula dispuso expresamente la vigencia a partir del 15/09/17. En definitiva, se definió que la conclusión del a quo de computar desde ese momento el plazo de caducidad en cuestión -feneciendo el 21/11/17- se encontraba amparada también por el ordenamiento jurídico en su conjunto y la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, por lo que se rechazó la queja. Autos: “PÉREZ HUGO JESÚS C/ ASOCIART ART SA - ORDINARIO - INCAPACIDAD” - RECURSO DIRECTO - 6947351 [/privado]

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