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Para Moody’s, las provincias tienen “desafíos fiscales”

La calificadora afirmó que, en los próximos dos años, tendrán por delante “disparidades sostenidas”, influidas por costos salariales y presiones inflacionarias. La Provincia de Córdoba aguarda que la agencia califique el programa de títulos por hasta US$700 millones

La calificadora Moody’s advirtió de que las provincias argentinas “seguirán afrontando una serie de desafíos fiscales y experimentarán disparidades sostenidas en su desempeño económico en los próximos dos años”, a pesar de la aprobación de una nueva y más rigurosa ley de responsabilidad fiscal en 2018.
La agencia agregó que los desafíos incluyen, entre otros, mayores costos salariales debido a las presiones inflacionarias.
Ayer, Ecolatina también había alertado sobre el panorama en los distritos federales, particularmente por el frente salarial.
En el caso de Córdoba, las paritarias -atadas a la inflación a partir de la cláusula gatillo- presionarán al alza el gasto salarial, que explica prácticamente la mitad de las erogaciones de la Provincia para el ejercicio en curso.
Respecto a la visión de Moody’s, las provincias también hacen frente a “mayores cargas de deuda tras haber aumentado su exposición a los mercados de capitales en los últimos dos años, ya que los bonos tienen tasas de interés más altas que los créditos del Gobierno nacional”.

Por el lado de Córdoba, la deuda aparece indexada por la fuerte devaluación de los últimos dos meses. La Provincia aguarda que la calificadora ponga nota a los bonos por hasta 700 millones de dólares que pretende emitir este año: uno por hasta 500 millones de dólares, a colocar en el mercado externo, y otro por el monto remanente, a emitir en el mercado doméstico.
No obstante, más allá de la demora de la agencia en calificar las emisiones, el Ejecutivo provincial ya informó que -por el momento- no saldrá al mercado de capitales a tenor de la volatilidad de la plaza que impactaría en un elevado costo del financiamiento que tomaría en esa instancia.
Por lo demás, Moody’s indicó que considerará “positivo en términos crediticios si el Gobierno hace cumplir la nueva ley de responsabilidad fiscal de una forma más creíble y consistente durante los próximos tres a cinco años”.
La calificadora puntualizó que “la anterior ley de responsabilidad fiscal, que estuvo vigente hasta diciembre de 2017, no fue efectiva en abordar los desafíos fiscales. Concretamente, se registraron incumplimientos de esta ley por parte de algunos gobiernos locales y regionales que no lograron disminuir su alta carga de gastos corrientes.
Asimismo, le ley no evitó la permanencia de otros desafíos crónicos para los gobiernos provinciales argentinos, tales como resultados financieros deteriorados y disparidades entre provincias”.

“Es probable que la nueva ley sea más rigurosa y se aplique con más eficacia, ya que está diseñada para ser más estricta que la ley anterior aprobada en 2004. Las secciones más relevantes de la nueva ley se relacionan con el control de los gastos corrientes. A su vez, la aplicación de la ley será esencial para apoyar los esfuerzos de consolidación fiscal de Argentina”, añadió. Moody’s dijo que, a pesar de la nueva ley, persistirán algunos desafíos fiscales. “Es probable que persistan los crecientes costos de personal y los mayores costos derivados del servicio de la deuda. Además, factores como deuda más costosa, mayor inflación y las presiones sobre el gasto de cara a las elecciones generales de 2019 pueden dificultar que las provincias cumplan con la nueva ley”, detalló.

La normativa en cuestión se refiere a diferentes límites a las provincias para elevar el gasto pero -también- a la toma de deuda. No obstante, la letra de la ley apunta básicamente a la deuda emitida para destinar a cubrir gastos corrientes.
En el caso de Córdoba, el pasivo tomado en los últimos dos años se concentró en colocaciones para cubrir gastos de capital, particularmente el ambicioso plan de obra pública en marcha.
En esa instancia y más allá de las advertencias de Moody’s, la lupa de la Provincia está puesta en la evolución de los ingresos corrientes que en definitiva son los que cubren los vencimientos de capital e intereses pendientes, conforme las diferentes colocaciones de títulos emitidas desde que se abrió el mercado de capitales, luego del pago a los denominados fondos buitres.
En ese sentido, la evolución de la recaudación muestra signos de debilitamiento, incluso con una baja en términos reales desde abril pasado y hasta el mes pasado inclusive.
En ese marco, difícilmente la Provincia avance en el corto plazo en la emisión de nueva deuda a tenor de las altas tasas que debería convalidar hoy, más allá que, tal como lo anticipó Comercio y Justicia días atrás, la Nación ya autorizó la emisión de los dos bonos en dólares previstos para este año.