El Gobierno aguardará esta semana una respuesta del juez Thomas Griesa a su nuevo pedido de no aplicar el pari passu para evitar que se disparen los reclamos por la deuda externa impaga, mientras se evaporan las posibilidades de que empresarios argentinos compren el pasivo.
Argentina ya le comunicó a la Justicia norteamericana que sólo se sentará a negociar con los fondos de inversión que le reclaman deuda por títulos en default si se comprometen a no solicitar la aplicación del pari passu o igualdad de derechos con el resto de los fondos buitre, una vez obtenida sentencia firme.
Son unas 100 demandas por bonos impagos las que integran la multimillonaria lista, que buscan sumarse al fallo de Griesa. En el mercado financiero se interpretó la carta de los abogados argentinos al magistrado estadounidense como una de las primeras señales claras del país para manifestar intención de dialogar con los tenedores de deuda en default.
El reclamo de los holdouts es de alrededor de 4.400 millones de dólares, cifra a la que se le debe sumar al menos otros 253 millones del fondo GMO de Boston.
Fuentes del mercado financiero indicaron que en el sector consideran como una posibilidad cada vez más difícil la de resolver el litigio con dinero de las empresas, debido a que la suma se incrementó de modo notable.
En este escenario, el Ministerio de Economía aguarda una respuesta de Griesa, tras volver a criticarlo al considerar que la reciente avalancha de reclamos judiciales contra Argentina “demuestra los desastrosos efectos de la orden pari passu”, que resolvió el magistrado.
“Esta escalada de acciones judiciales iniciada por los demandantes no sólo demuestra que las órdenes del juez Griesa son de imposible cumplimiento, sino que también, tal como lo viene afirmando la República, la solución al conflicto debe comprender a la totalidad de los bonistas que no entraron a los canjes (7,6% del total), en condiciones justas, legales, equitativas y sustentables”, sostuvo la cartera en un comunicado.