ESCUCHARLa Unión Industrial Argentina volvió a plantear la necesidad de fortalecer los procesos de compras públicas como una herramienta de desarrollo industrial, lo que permitirá que millonarios recursos de los distintos niveles del Estado se canalicen hacia numerosas ramas productivas.
La gremial empresaria planteó la importancia de «favorecer la compra de bienes nacionales» a través de la demanda de los estados nacional, provincial y municipal -ya también planteado a gobiernos anteriores- como parte del documento elaborado con su propuesta de reactivación pospandemia.
Para la UIA la inversión pública mediante las compras públicas representan el 5,4% del PIB, y significan $220.000 millones por parte de ministerios y organismos descentralizados; $172.000 millones de empresas públicas; $33.000 millones de empresas concesionarias;: $218.000 millones de la petrolera YPF; y compras provinciales por un 2% del PIB.
«Las compras públicas son una herramienta de desarrollo industrial de los países más avanzados del mundo. Los regímenes de compras públicas serán una de las herramientas más utilizadas por los gobiernos para restringir el acceso a proveedores extranjeros», definió la entidad.
En un escenario de pospandemia, la UIA entendió que «asegurar la inversión pública es central para canalizar demanda hacia las empresas y apuntalar una infraestructura que mejore la competitividad del sector privado para fortalecer el perfil exportador».
Como estrategia para orientar esa inversión, la UIA propuso entre otras medidas establecer un régimen simplificado de oferta para pymes y emprendedores en compras de bajo monto y en procedimientos simples, con excepción temporal para empresas con dificultades con AFIP.
También mencionó el desarrollo de sistema abierto de calificación de proveedores con reputación en plataforma virtual, y un sistema de pago a plazos cortos y mecanismos de descuento de facturas en mercados secundarios con financiamiento del Banco Nación y BICE con avales de SGRs.
Proveedores locales
El documento también contempla la adjudicación de renglones parciales para favorecer acceso a la mayor cantidad de proveedores posibles y en organismos centralizados permitir abastecimientos regionales, y potenciar la participación de proveedores locales en el sector energético (Vaca Muerta y Renovables), salud y educación.
En otro aparte de las compras públicas, la central industrial propuso la adhesión de las provincias a la Ley 27437 y abandono de «compres provinciales» y «municipales», y la implementación de mecanismos de incentivos de coparticipación y de proliferación de reglas de reciprocidad para provincias que discriminen proveedores extra territoriales. Este nuevo esquema no descarta la posibilidad de conservar instrumentos de promoción local en actores desfavorecidos como microempresas, cooperativas, empresas jóvenes.
