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La Provincia ofreció bono a agentes públicos pero no tiene aún la cifra

DECISIÓN. Empleados públicos nucleados en el SEP y en la UEPC resolverán hoy si aceptan la propuesta salarial de la Provincia.

Pasó a un cuarto intermedio la negociación entre autoridades y gremos estatales. Éstos demandaban un plus salarial similar al otorgado a los agentes policiales. Gobierno ratificó su voluntad de otorgar algún beneficio, aunque no logró decidir la cifra. El lunes vuelven a reunirse

Todavía no está la cifra. Pero sí fue expresada la voluntad. Eso apareció como la única conclusión certera de la reunión mantenida entre autoridades y dirigentes gremiales en la tarde de ayer, durante las cuales las partes lograron algún acercamiento antes de pasar a un cuarto intermedio.
El dato concreto, no obstante, es que la Provincia accedió al pedido de abonar un plus salarial no remunerativo a los empleados públicos.

Al cónclave asistieron los titulares del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihén, y de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, convocados por enuevo ministro de Administración y Gestión Pública, Manuel Calvo, junto a su par de Trabajo, Adrián Brito.

“No hay un ofrecimiento en cuanto a números pero sí manifestaron la voluntad de otorgar un bono”, le contestó a Comercio y Justicia Monserrat. Según él, aún no se llegó a un acuerdo porque las nuevas autoridades ministeriales “tienen que resolver de dónde se gestionan los fondos”. En tal sentido, Monserrat se mostró optimista al destacar que el Gobierno “garantiza que va a haber un bono”, y confía en que se llegará a un acuerdo el lunes próximo. “Nuestro pedido es un bono similar al que recibieron los policías”, enfatizó.

El planteo de los gremios estatales se profundizó la semana pasada luego del aumento logrado por el personal policial tras el autoacuertelamiento de casi 48 horas.

La postura más extrema llegó por el lado del SEP, que esta semana inició un paro, primero de 48 horas -lunes y martes- y luego de 72 -el resto de la semana-, medida que tuvo particular incidencia en los hospitales provinciales. Las protestas también incluyeron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Médicos Unidos.

En tanto, la UEPC inició un plan de lucha el miércoles con asambleas de dos horas por turno. Con todo, la decisión del Gobierno provincial de adelantar el cierre del ciclo lectivo para ese mismo día neutralizó en parte las medidas de los educadores.

Equilibrar cifras
El desafío de la Provincia ahora será equilibrar la pauta de gastos salariales para 2014 respecto a los ingresos previstos. Es que, más allá del no remunerativo comprometido -que por cierto insumirá un esfuerzo fiscal no previsto-, el punto es ver cómo manejará la paritaria que se iniciará en los últimos días de enero, cuyo aumento debería aplicarse con los haberes de febrero.

En ese marco, los gremios estatales ya anticiparon que irán por una mejora importante. La cifra puede rondar 30 por ciento.

En ese contexto, fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio admitieron preocupación respecto a la marcha de la recaudación tras los hechos ocurridos la semana pasada. El escenario no es tanto por las exenciones puntuales o la falta de facturación de los negocios afectados sino principalmente por el efecto que los saqueos y el clima convulsionado en general pueden ocasionar en la conducta de pago de los contribuyentes.

Sin una recaudación contundente la Provincia deberá ajustar la obra pública y depender de una eventual ayuda financiera de la Nación -o bien volver a emitir deuda-.

Eximen a saqueados

El Gobierno decidió eximir del pago de servicios a los comerciantes damnificados por los saqueos de la semana pasada, como consecuencia de la protesta policial. Según explicó el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, los negocios y comercios que resultaron afectados quedarán exentos del pago de las facturas de EPEC, Ecogas y Aguas Cordobesas durante tres meses. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social entregó asistencia económica a 40 pequeños comerciantes de la ciudad para solventar gastos ocasionados luego de los saqueos.