ESCUCHARPor Instituto de Investigaciones Económicas – Bolsa de Comercio de Córdoba
Tras un año caracterizado por la volatilidad intrínseca a la incertidumbre electoral y la profundización de los desequilibrios de la economía, el pasado domingo 10 de diciembre se efectuó el traspaso de mando y asumió el nuevo gobierno.
Su tarea en el ámbito económico será una de las más desafiantes, ya que como balance de sus cuatro años de gestión, la administración saliente le deja una pesada herencia.
La herencia más grande proviene del ámbito fiscal, donde el déficit primario se incrementó entre siete y ochi veces (medido respecto al PBI) frente a 2019. Como resultado, este fue el gobierno de mayor acumulación de deuda en toda la historia de nuestro país.
Ni siquiera este voraz endeudamiento pudo cubrir el bache fiscal: el ritmo de emisión de pesos más que se duplicó en los últimos cuatro años y, así, la inflación hoy marca las cifras más altas en más de 30 años.
La política cambiaria no estuvo exenta del manejo errático por parte de la última gestión. Como resultado del fuerte atraso cambiario y un cepo extraordinario, retornaron el déficit comercial y del sector externo. A este contexto se agregan condimentos adicionales como la deuda de los importadores, que agregan presión a la frágil situación macroeconómica.
Los resultados en la economía real fueron, en el mejor de los casos, mediocres. Más aún, éstos resultan artificialmente impulsados por políticas que sobrecalentaron la economía.
En la práctica, la actividad se estancó hace un año y medio, y el mercado laboral oculta tras la suba del nivel de empleo más informalidad y los salarios más bajos de los últimos 20 años.
En el ámbito socioeconómico, el resultado de esta acumulación de políticas fue un preocupante aumento de la pobreza, que junto a las herencias descritas previamente, limitará fuertemente los grados de libertad con el que contará la política económica del nuevo gobierno.
Una lectura sobre las primeras medidas económicas
El análisis de las principales variables económicas de nuestro país revela la crítica situación en la que se encuentra la economía argentina. La desafiante tarea que aguarda al nuevo Gobierno se gesta como consecuencia de las políticas económicas irresponsables implementadas por la administración saliente.
Este contexto permite entender de forma más acabada los anuncios realizados por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a tan solo dos días de efectuado el traspaso de mando.
El diagnóstico del gabinete económico coincide con la lectura realizada previamente sobre el estado de la economía, y este resulta el correcto: el problema macroeconómico de Argentina tiene su origen en la política fiscal.
Sistemáticamente el Gobierno nacional ha gastado más recursos de los que tiene. Esto genera diversos problemas, tales como la elevada presión tributaria, la deuda pública y la emisión monetaria.
De la indisciplina fiscal surge la pérdida de independencia del Banco Central, que vio erosionada su hoja de balance al obligarlo a financiar al Tesoro, tanto de forma directa mediante emisión como indirecta mediante deuda (a través de pasivos remunerados como los pases o las Leliq). Estos factores son los que explican porque hoy Argentina tiene la inflación más alta en tres décadas y una de las más elevadas del mundo.
Atacar este problema de raíz debía ser la estrategia a seguir por el nuevo gobierno. Los anuncios realizados por el ministro Caputo confirman este curso de acción, ya que del paquete de medidas anunciadas, la mayoría apuntan en mayor o menor medida a disminuir el tamaño del bache que existe entre lo que gasta y lo que ingresa al Estado nacional.
Entre las medidas anunciadas que apuntan a reducir el gasto público se encuentran la reducción de ministerios, la no renovación de contratos de personal con menos de un año de antigüedad, la suspensión de la pauta publicitaria por un año, la suspensión de licitaciones y de obras públicas no iniciadas, y la reducción de transferencias discrecionales a provincias y subsidios a la energía y transporte.
Pese a la importancia de estos anuncios, los desafíos no se limitan únicamente a la política fiscal del gobierno. La política cambiaria, utilizada fútilmente por la gestión previa como ancla para cubrir los desequilibrios generados, ha resultado en un marcado atraso. Excesivos controles y cepos no evitaron que el sector externo vuelva a caer en déficit y se dilapiden las reservas del Banco Central.
En este contexto, dentro de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía se encuentra el sinceramiento del tipo de cambio, que pasará de cotizar de 366 pesos por dólar estadounidense a 800, un ajuste superior al 100% que implica una devaluación superior a 50%.
Además de buscar recuperar el equilibrio del sector externo y reforzar las reservas del Banco Central, el sinceramiento se verá acompañado de una suba (transitoria) del impuesto PAIS para las importaciones y de las retenciones para los productos no agrícolas, lo que reforzará los ingresos del fisco en pos de recuperar lo más rápido posible el equilibrio fiscal.
Una sola medida entre las anunciadas va en contra de obtener el ambicioso objetivo fiscal: el refuerzo de las políticas de ingreso, como la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar. Claramente, el objetivo de estas medidas es amortiguar el impacto del ajuste por sobre la población más vulnerable, en un contexto donde se espera un impacto inflacionario y recesivo de corto plazo que, al menos, se extenderá al verano de 2024.
Gran parte del éxito del nuevo gobierno dependerá de la forma en que se desplieguen estas medidas. Las condiciones están dadas para que el gobierno y su política económica recobren la confianza y credibilidad perdida tras los desmanejos de la administración previa. Por ende, alcanzar el déficit cero y eliminar la emisión monetaria resultarán las principales anclas de cara al futuro.
Pese a esto, el nuevo Gobierno deberá desplegar habilidades políticas excepcionales para abordar estos desafíos, para en la medida de lo posible, superar los profundos desequilibrios macroeconómicos que enfrenta nuestro país desde hace décadas.
