ESCUCHARCristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de homicidio en la puerta de su departamento. El agresor, Fernando Sabag Montiel, quedó detenido de inmediato
El 1 de septiembre por la noche, la sociedad argentina se conmocionó con la noticia de que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner había sufrido un atentado en la puerta de su casa, en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
La imagen del agresor que le gatilló en la cara quedó plasmada en videos que rápidamente se replicaron en medios de comunicación tradicionales y redes sociales.
El arma no funcionó y la ex presidenta salió ilesa. No se enteró de lo que había pasado. Miró el suelo un segundo antes del intento de disparo, se tocó la cabeza y se agachó para recoger un libro que un militante le dio para que firmara.
El brasileño Fernando Sabag Montiel, un chofer de aplicaciones de 35 años, llevaba cinco balas en el cargador de su revólver Bersa calibre 32. Quedó detenido de inmediato.
La novia de Sabag Montiel -que en un primer momento dijo que no tenía nada que ver con lo sucedido- fue arrestada tres días después. Los mensajes en su teléfono fueron determinantes.
Lo propio sucedió con Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de la denominada “banda de los copitos”.
En total, ocho personas quedaron involucradas en el intento de magnicidio y, concluyendo el año, todavía hay cabos sueltos para determinar si hubo financistas ocultos y, sobre todo, vinculaciones políticas con lo sucedido.
Hay dos causas en trámite. La primera investiga el atentado en sí y la dirigen el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Sabag Montiel está procesado como autor material; Uliarte, por organizar e instigar el ataque, y Carrizo, como partícipe secundario. Díaz, la cuarta procesada, fue beneficiada con un fallo de la Cámara Federal y liberada.
El otro expediente está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Se investiga la presunta comisión de los delitos de incitación a la violencia. Fueron detenidos Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la organización ultraderechista Revolución Federal que, en diferentes actos públicos, chats y transmisiones online, amenazaron con matar a Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner e incluso al presidente Alberto Fernández.
La vicepresidente, a través de sus abogados, solicitó que los integrantes de Revolución Federal quedaran incriminados como posibles partícipes del atentado, pero Capuchetti no encontró elementos de prueba y decidió que se iniciara una investigación paralela.
El 1 de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que fueron detenidos el 20 de octubre por incitación a la violencia colectiva. Consideró que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Luego, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los procesó y les trabó embargos a cada uno por nueve millones de pesos.
El magistrado les aplicó a todos la figura del Código Penal que castiga con prisión de tres a ocho años a quien “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Revolución Federal
En la causa por amenazas se destaca el líder de Revolución Federal, Morel, un joven que llevó una guillotina de madera a una marcha, en Plaza de Mayo, en la que proponía ejecutar a Fernández de Kirchner. Poco antes de quedar detenido se descubrió que había recibido 13 millones de pesos por parte de la empresa Caputo Hermanos; supuestamente, por el pago de trabajos de carpintería. La compañía es propiedad de Rosana y Flavio Caputo, hermanos de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri.
El oficialismo sugiere que la familia Caputo financió el atentado, pero hasta ahora no hay pruebas de ello.
Jueza
Dos meses y medio después del intento de magnicidio, la vicepresidente pidió la recusación de la jueza Capuchetti. Sus abogados alegaron que la investigación estaba paralizada.
José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal plantearon que las medidas de prueba solicitadas por las querella fueron, en su enorme mayoría, rechazadas, o no realizadas o llevadas a cabo tarde.
Se quejaron de que Capuchetti no habría investigado “en lo más mínimo”, en sus palabras, a la fuerza que conduce el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. A la vez, cuestionaron que el celular secuestrado a Sabag Montiel la noche del ataque ingresara al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y que saliera en un envoltorio abierto, y reseteado.
La recusación fue rechazada por la jueza y elevó el planteo a la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La sentenciante cuestionó lo que definió como “descalificaciones de la querella hacia su investidura”, y en términos personales, y sostuvo que son “propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho”.
También aseguró que ninguno de los argumentos de los patrocinantes de la ex jefa de Estado evidenciaban la necesidad de su recusación ni temor de parcialidad sino sólo “disconformidad” con el resultado de medidas de prueba o decisiones jurisdiccionales.
“Se impone recordar el compromiso que viene sosteniendo el juzgado en la investigación de estos hechos, cuya gravedad institucional y envergadura resulta palmaria y jamás escapó al entendimiento de quien suscribe, dada su trascendencia e implicancia para la República Argentina como Estado de derecho”, añadió
Semanas después, le delegó la investigación a Rívolo y denunció a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que se investiguen eventuales responsabilidades penales por la manipulación del teléfono de Sabag Montiel.
Por lo pronto, el fiscal Rívolo investiga a dos asesoras del diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, que estuvieron con él en el bar en el que, según un testigo, se habría referido al intento de homicidio de la vicepresidenta, dos días antes de que ocurriera.
Al declarar por segunda vez como testigos en la causa, una de las mujeres, Ivana Bohdziewicz, dijo que había borrado el contenido de su teléfono. La otra asesora, Carolina Gómez Mónaco, aportó su celular, pero aclaró que era un aparato nuevo, que había comprado la semana anterior.
Al hablar por primera vez dijeron no recordar haber estado en la confitería Casablanca y cuando les mostraron las imágenes aseguraron no recordar sobre qué conversaron.
