ESCUCHARA principios de noviembre, la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mantuvo ante la Justicia británica su versión acerca de que el activista podría suicidarse si es extraditado a Estados Unidos y pidió que se mantuviera la decisión de la jueza Vanessa Baraitser.
En enero, la magistrada se opuso al pedido de los fiscales de EEUU, citando el precario estado de salud mental de Assange. Según estimó, el traslado podría darle motivos para quitarse la vida por “la determinación obsesiva de su trastorno de espectro autista”.
No obstante, le negó la libertad bajo fianza, por riesgo de fuga. Al desestimar esa posibilidad, la fiscalía puso de relieve que el periodista dispone de recursos para huir y citó la oferta de asilo que le cursó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sin éxito, la defensa alegó que las palabras del mandatario se malinterpretaron, que en ningún caso abriría las puertas de la embajada mexicana en Londres y que la propuesta, en todo caso, se aplicaría al final del proceso.
Baraister también rechazó las denuncias sobre persecución política promovidas por activistas de derechos humanos.
Estados Unidos apeló y en agosto la Justicia británica cuestionó el informe que, en junio, había confirmado el riesgo de suicidio.
Hace cuatro meses, el magistrado Timothy Holroy desafió las conclusiones de las jueza Baraitser y del dictamen que las ratificó y consideró que la salud mental del encausado no era tan endeble.
10 de diciembre
El 10 de diciembre, EEUU ganó la apelación y Assange quedó al borde de la extradición, aunque su equipo legal recurrió.
El australiano es reclamado por cargos de espionaje y por haber publicado documentos militares y diplomáticos secretos sobre Irak y Afganistán. Estados Unidos sostiene que puso en peligro la vida de sus informantes al difundir cables sobre las acciones militares.
