A mediados de agosto, tras la ofensiva relámpago que lanzó en mayo, y que se impuso con la retirada de las fuerzas de EEUU y la OTAN, los talibanes recuperaron el control de la capital de Afganistán, Kabul.
El domingo 15, el presidente Ashraf Ghani y sus principales funcionarios ya habían huido.
Ghani, académico y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, presidía el país desde septiembre de 2014.
A medida que se multiplicaban informes sobre combatientes llegando a la ciudad, la inquietud de los ciudadanos fue en aumento. Comenzaron a formarse colas en los bancos y en el aeropuerto, en donde se registraron las escenas dramáticas.
En plena crisis, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó a una sesión especial sobre Afganistán, con foco en la situación de niñas y mujeres.
El martes 24, la alta comisionada Michelle Bachelet afirmó que el trato hacia ellas constituiría una “línea roja”.
La ex mandataria chilena precisó que su oficina recibió “informes creíbles” de ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido, a manos de los talibanes, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
“Exijo que los talibanes trabajen para restablecer la cohesión social y la reconciliación, mediante el respeto de los derechos de todos los que han sufrido tanto durante décadas de conflicto”, manifestó.
A poco de establecerse, el nuevo gobierno reemplazó el Ministerio de Asuntos para la Mujer por el Ministerio del Vicio y la Virtud, responsable de desplegar a policías religiosos en las calles para hacer cumplir la ley sharia. El área estuvo suspendida durante dos décadas.
Muchas mujeres profesionales escaparon de Afganistán anticipándose a las duras reglas que finalmente aplicaron los talibanes, entre ellas, la afamada directora de cine Sahraa Karimi.