El 12 de julio, el Gobierno Nacional denunció al ex presidente Mauricio Macri y a ex funcionarios de su gestión por el envío de “material represivo” a Bolivia, en noviembre de 2019, cuando se consumó lo que definió como “el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales”.
En la presentación que formuló ante la justicia federal, sostuvo que el objetivo del despacho fue asistir a la “dictadura” encabezada por Jeanine Áñez, tras “el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional” de Morales.
“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, indicó en el planteo.
Además, la parte denunciante afirmó que se trató de un contrabando que tuvo como fin “reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas” y sostuvo que las por entonces autoridades nacionales no podían desconocer ese fin.
La causa quedó a cargo del juez Alejandro Catania y del fiscal Claudio Navas Rial.