ESCUCHAREl 18 de febrero, la Secretaría de Comercio Interior imputó a 11 grandes empresas proveedoras de artículos de consumo masivo por retener volúmenes de producción o por falta de entrega, luego de detectar desabastecimientos específicos en algunos supermercados y comercios.
La medida incluyó a las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. Impuso un plazo de cinco días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima, so pena de enfrentar sanciones de hasta 10 millones de pesos.
Según información de la Secretaría de Comercio Interior, la acción se realizó luego de verificar que habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta “el más alto grado de su capacidad instalada” y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020.
La avanzada del Gobierno generó malestar en las compañías que, según consideraron, tuvieron sus precios prácticamente congelados durante todo 2020 por tratarse de rubros de consumo masivo. Asimismo, no dejó de generar sorpresa que la intimación se concretara a pocos días de la reunión para alcanzar un acuerdo de precios y salarios que, el jueves 12 de febrero, sentó frente a frente a funcionarios nacionales con los CEO de las principales empresas del país.
