ESCUCHARAl iniciar el 139° período de sesiones ordinarias, Alberto Fernández habló con énfasis sobre los proyectos que se propone llevar a consideración del Parlamento. Luego, la realidad impondría otras urgencias
Al iniciar el 139° período de sesiones ordinarias, el primer día de marzo, el presidente Alberto Fernández se explayó con énfasis sobre los proyectos que pretende llevar a consideración del Congreso Nacional, aunque luego la realidad impondría otras urgencias.
Apuntó al crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunció una acción para determinar responsabilidades por el endeudamiento reciente (US$44 mil millones), tomado durante la gestión de Mauricio Macri. Dijo que ese monto se “esfumó” antes de que su gobierno asumiera, en diciembre de 2019, y que su concesión fue favorecida por la administración de Donald Trump, para respaldar, según él, el plan que implementaba Juntos por el Cambio, acotando que eso se supo “por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo”.
Así, con el objetivo de que finalizaran lo que definió como “las aventuras de hipotecar al país”, precisó que las autoridades pertinentes en la materia prevén iniciar formalmente una “querella criminal” para que “los responsables” rindan “cuentas de sus actos” y dejen de “circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”.
Además, catalogó la toma de aquel préstamo como “la mayor administración fraudulenta” y la “mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
La misma tarde del discurso presidencial el Banco Central de la República Argentina (BCRA) enviaba un comunicado para precisar el inicio de las investigaciones correspondientes a esta estrategia oficial.
La autoridad monetaria nacional informó que elevó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción la documentación vinculada al último acuerdo firmado entre el país y el FMI “para determinar si se generaron perjuicios al Estado”.
Justicia
Alberto Fernández también fustigó a la Justicia. Dijo que estaba en crisis y que era “el único poder” que parecía vivir en los “márgenes del sistema republicano”.
Aseguró que jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios “disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad” y anunció que propondrá reformas para el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, procurando “establecer la exacta competencia del Máximo Tribunal” en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias y “que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado arbitrariedad” sean “exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.
También anticipó una iniciativa para reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
“Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, dijo.
Paralelamente, afirmó que prevé impulsar la creación de un Tribunal Federal de Garantías con competencia exclusiva en cuestiones de arbitrariedad, al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario.
