ESCUCHAREl 24 de febrero, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por el lavado de unos US$55 millones, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En tanto, a Martín, hijo mayor del empresario, le impusieron nueve años. Para el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín la pena fue de ocho años.
A Leonardo Fariña el sentenciante decidió aplicarle la sanción de cinco años, pero -por su rol como arrepentido colaborador- la redujo a tres.
Cabe recordar que, a principios de 2013, las personas físicas y jurídicas supuestamente involucradas en la maniobra fueron denunciadas por el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos.
También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El empresario estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de US$55 millones.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán quedaron a cargo de la pesquisa pero, como este último estaba de licencia, el agente Ramiro González comenzó la instrucción hasta que su colega volvió a su despacho.
Procelac y Gonella
Los primeros pasos que se dieron en la causa generaron polémica; en especial, por el rol de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en ese entonces a cargo del fiscal federal cordobés Carlos Gonella, quien dejó la dependencia en abril de 2016, poco después de la detención de Báez, procesado por prevaricato.
En dos años y cuatro meses de debate declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos acusados y salieron de la cárcel con el beneficio de la domiciliaria Báez, Chueco y Pérez Gadín.
Alegato
Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública -que se juzga en la causa de “Vialidad”- y de la evasión impositiva de Austral Construcciones.
Sin embargo, el tribunal no citó ninguno de esos delitos como hecho precedente.
Durante el último tramo del debate, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal” con participación de “todos los medios de comunicación” y sostuvo que la causa tenía objetivos políticos.
También intentó desacreditar el testimonio de Fariña, pero el fiscal Córdoba y las tres querellas -la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos- derrumbaron esa estrategia.
