lunes 30, diciembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Elena Highton renunció a la Corte Suprema de Justicia

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Dejó su cargo a los 78 años. Fue designada en 2004, propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner, a raíz de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor

El 5 de octubre, Elena Highton renunció a su cargo como ministra de la Corte Suprema.

Presentó su dimisión por medio de una carta que le cursó al presidente Alberto Fernández.

Sin mencionar los motivos, cerró un período de 17 años como miembro del Máximo Tribunal, que quedó con cuatro miembros y sin mujeres, luego de la muerte de Carmen Argibay, en 2014.

Cabe recordar que Highton continuaba en funciones gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso-administrativo, que la habilitó a seguir pese a haber superado los 75 años de edad, el tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura.


Highton fue determinante para la creación y puesta en marcha de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que comenzó a trabajar hace más de una década.


Su carrera judicial comenzó en 1973, recomendada por el escritor nacionalista y peronista Arturo Jauretche, tío de su marido, el médico Alberto Nolasco. Comenzó como defensora oficial. A partir de 1979 se desempeñó como jueza Civil y en 1994 fue ascendida a camarista del fuero.

En 2004, propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner luego de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, resultó designada en la Corte.

AMJA

La renuncia de Highton generó múltiples repercusiones en el Poder Judicial.

Días después de que trascendió la decisión de la jurista, la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) estimó que para la designación de quien será la cuarta mujer en la historia del Alto Cuerpo se requerirá del “mayor de los consensos”.

Así lo afirmó su presidente, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.


La primera mujer en la Corte fue Margarita Argúas. Ingresó en octubre de 1970, designada por decreto 648, firmado por el presidente de facto Levingston.


La magistrada provincial reconoció el legado que dejó Highton. “Fue la tercera integrante mujer de la Corte en toda su historia judicial. Su labor, lo mismo que la de Argibay, deja una impronta que tiene que continuar”, resaltó.

Primera

Cabe recordar que la primera mujer en la Corte fue Margarita Argúas, durante un gobierno no democrático: ingresó el 5 de octubre de 1970, designada por decreto 648, firmado en agosto de ese año por el presidente de facto Roberto Levingnston.

Highton y Argibay fueron las últimas en entrar durante la primera década del milenio.

Para la titular de AMJA, Fernández tiene un gran desafío por delante, para que el relevo de Highton sea una mujer “de la talla de las que estuvieron”.

Certeza

A principios de diciembre, 30 días después de que el primer mandatario aceptó oficialmente la renuncia de la ministra, la única certeza era que éste se inclinará por una mujer.

Ante la ausencia de postulación de una candidata, Amnistía Internacional (AI) le envió una carta a Fernández para reclamar que la vacante en la Corte sea cubierta por una jueza, de forma tal de “preservar la representación de las mujeres” en el Máximo Tribunal.


Highton continuaba en funciones gracias a una cautelar que la habilitó pese a haber superado 75 años, el límite etario que contempla la Constitución para ejercer la magistratura.


AI y otras organizaciones firmantes -como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)- recordaron los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en consonancia con los estándares recogidos en el ámbito nacional por el decreto 222/2003, para la conformación de la Corte.

También destacaron que la postulación “debe adecuarse a los estándares de representatividad federal y a los requisitos de integridad moral e idoneidad técnica que el cargo demanda”.

En un comunicado, Mariela Belski, directora Ejecutiva de AI Argentina, afirmó: “El fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos. En América Latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la Justicia”.

Belski planteó que la participación igualitaria de las mujeres en las esferas de decisión es especialmente importante para la legitimidad e impacto de las decisiones de la Corte.

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