El 27 de mayo, mediante el decreto 454, el Gobierno de Córdoba oficializó la ley 10756, de adhesión a la ley nacional 27350, que regula el uso del cannabis y sus derivados para prácticas terapéuticas e investigación médica y científica.
El nuevo instrumento legal establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud local, con la actuación “coordinada y colaborativa” de las jurisdicciones centralizadas, descentralizadas, las agencias y demás organismos estatales.
Indica que todos deberán dictar protocolos de actuación y normas interpretativas y celebrar convenios con el sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil, municipios y comunas, además de impulsar las acciones que resulten conducentes y necesarias para dar cumplimiento al objeto de la norma.
Entre otros puntos, contempla acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud; medidas de concientización dirigidas a la población en general; lineamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad y acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que lo necesite.
La nueva legislación también crea un Consejo Consultivo Honorario, con carácter no vinculante.