La ministra de Defensa, Nilda Garré, anunció que elevó al Poder Ejecutivo Nacional un anteproyecto de ley para la compra de las acciones de la empresa Lockheed-Martin Argentina SA, actual titular de la concesión del Área de Material Córdoba.
“Hemos elevado al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que propone la compra de las acciones de la empresa Lockheed Martin Argentina”, dijo Garré en el marco del brindis de fin de año ofrecido a los periodistas que cubren los temas de Defensa, en el salón San Martín del Edificio Libertador.
La compra de las acciones, una vez elevada por el Ejecutivo y sancionada por el Congreso, implicará la reestatización de la ex Fábrica Militar de Aviones privatizada en 1994 durante la presidencia de Carlos Menem.
El anteproyecto autoriza a comprar el paquete accionario al valor del patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre de 2008 e indica que será la Auditoría General de la Nación la que fijará ese monto.
El valor fue estimado en unos 20 a 23 millones de dólares por fuentes vinculadas a la industria aeronáutica consultadas por la agencia Télam.
Garré subrayó que la proyectada recuperación del Área Material Córdoba preservará la totalidad de los puestos de trabajo de obreros y técnicos.
El anteproyecto permite cambiar tanto el personal directivo de la empresa como la denominación de la misma.
La desvinculación de la filial de la estadounidense Lockheed, prevista en la renovación del contrato con esa concesionaria en el 2007, permitirá convertir a la fábrica fundada en 1927 en un polo de la industria aeronáutica argentina con proyección regional, según fuentes del Ministerio de Defensa.
Además de incentivar la producción del avión de entrenamiento avanzado Pampa Serie II y realizar el mantenimiento de aeronaves militares, la reestatización contempla la cooperación con la compañía brasileña Embraer, una de las mayores de la industria aeronáutica del mundo.
Además de los proyectados acuerdos con Embraer, precedidos por conversaciones entre los ministerios de Defensa de los dos países y en especial durante la última visita a Brasil de la presidenta Cristina Fernández, la cooperación podría extenderse a la industria aeronáutica estatal de Chile y otros países.
El AMC fue concesionada durante los 90, por 25 años, prorrogables por otros 10, proceso durante el cual fueron despedidos más de un millar de trabajadores, entre ellos técnicos e ingenieros altamente especializados.