ESCUCHARLa economía argentina plantea este año, al menos, dos grandes desafíos: los salarios deben seguir recomponiéndose y la política laboral debe aumentar la inclusión de las personas en el mercado laboral, tratando de evitar una espiral precio-salario que recaliente la inflación. Las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional fueron analizadas por el abogado especialista en Derecho del Trabajo Adrián Goldin, quien dialogó en exclusiva con Comercio y Justicia en el marco de la Séptima Jornada de Derecho Laboral del Centro de la República. Goldin, de visita en nuestra ciudad, además de profesor de la UBA es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fue subsecretario de Trabajo de la Nación durante parte del gobierno de Raúl Alfonsín.
– ¿Qué opinión le merecen los conflictos continuos que se están generando en el marco de las discusiones salariales?
– La negociación salarial es propia de un país cuya economía está en crecimiento. Es natural que los trabajadores reclamen su participación en los frutos del crecimiento; es también natural que los empleadores resistan ese reclamo y es natural, en consecuencia, que haya conflicto. No hay que asustarse por esta cuestión; el conflicto es un mecanismo natural del sistema y la negociación colectiva es un mecanismo de integración social del conflicto. El Estado está facilitando este proceso de negociación, pero creo que su intervención sólo se justifica en situaciones críticas. Recordemos lo que sucedía con la hiperinflación de Raúl Alfonsín: en ese momento, el Gobierno debía salir a ajustar todos los meses los salarios porque la negociación colectiva siempre iba detrás de la suba de los precios; ésa no es la situación actual.
– ¿Cree que en este contexto el Estado no debe fijar los salarios?
– La fijación estatal de los salarios atrae sobre sí -sobre el Estado- un reclamo que es connatural a la relación obrero-patronal y deja sin resolver la situación salarial de los trabajadores en negro y, por ende, termina exacerbando la insatisfacción y la protesta. Es lo que ocurre con el juego de la perinola, todos pierden. Debe existir un mecanismo de diálogo social, tenemos que tener una política de concertación, ser capaces de construir un acuerdo macro.
– ¿Qué se hace con la situación de los más postergados?
– Son otras, me parece, las vías apropiadas para atender en lo inmediato la situación de los sectores más postergados; en ese sentido, me parece bien la fijación del salario mínimo vital y móvil.
– ¿Qué opinión le merece la intención del Gobierno de comenzar a pensar en incrementos salariales en función de la productividad?
– Yo siento que esa situación no puede ser impuesta desde la ley. Los sindicatos y los empresarios deben creer en esta herramienta porque si no, va a ocurrir lo mismo que pasó durante los años 90: se termina dibujando la productividad. Si el Gobierno intenta imponer esta idea se va a equivocar.
– ¿Cómo se resuelve la situación de los trabajadores que están al margen de la legalidad? ¿Cree que el Gobierno está haciendo todo lo posible parar reducir el trabajo en negro?
– El Gobierno viene haciendo un fuerte trabajo en materia de inspección; se han sumado unos 400 inspectores para poder
