El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Salud de la Provincia pusieron en marcha el plan de armonización del sistema de internación de ciudadanos que sufren alguna patología psiquiátrica.
Mediante la acordada 948, el TSJ adecuó los mecanismos judiciales a los de la resolución ministerial 130, por lo que desde ahora los jueces sólo intervendrán en los casos de pacientes judicializados que se opongan a ser internados psiquiátricamente. La primera actuación natural corresponderá al equipo de emergencia psiquiátrica de la provincia, que evaluará y determinará la derivación de un paciente. Cabe recordar que antes eran los jueces quienes actuaban primero.
La vocal del alto cuerpo Aída Tarditti explicó que "ahora, en vez de comenzar por un juez, el trabajo se iniciará por medio de un equipo de salud mental. Cuando haya riesgo de que un paciente psiquiátrico se cause daño a sí mismo o a terceros y necesite ser internado, primero actuará Salud y sólo después la Justicia".
"La idea es que esto se resuelva mediante un grupo de médicos (…). La Provincia ha formado un equipo móvil de emergencias en salud mental, que cuenta con una ambulancia con dotación de psiquiatras, dispuesto las 24 horas del día para la sociedad y los jueces, lo que permite la intervención rápida y efectiva; este equipo decide si el paciente debe o no ser internado", precisó el ministro Oscar González. Antes del convenio, en los hospitales psiquiátricos había un promedio diario de 35 pacientes judicializados, con custodia policial, ocupando cama, según señalaron desde la cartera. A partir de la puesta en marcha del Centro Psicoasistencial (CPA) -destinado sólo a este tipo de pacientes y con medidas particulares de seguridad-, esa estadística bajó. El ministro señaló que ahora son 18 las camas ocupadas en el centro que funciona ad hoc en el hospital Misericordia.
Devolver al juez su rol
Por su parte, Tarditti señaló ayer que la acordada busca devolver al juez el rol que le corresponde, un rol acotado, de intervención sólo para los casos de internaciones involuntarias.
“Para que el juez pueda acotarse y ejercer ese rol, que es el de protección de los derechos humanitarios y de resguardo de los ciudadanos en una medida tan extrema, se viabiliza un ámbito previo al del juez: la actuación del asesor oficial para que antes de solicitar la internación, requiera del equipo asistencial un informe de la necesidad de la internación”, dijo ayer la vocal.
Asimismo, aclaró que las alternativas terapeúticas como altas provisorias o paseos y la externación ya no tienen que ser autorizadas por un juez civil, como venía ocurriendo, sino que como lo indican las directrices internacionales de Naciones Unidas, será decidida por el médico tratante. También señaló que la intervención judicial cesará cuando una internación mute de involuntaria a voluntaria.
Humanizar el trato a los enfermos mentales El director de Servicios Judiciales del Poder Judicial, Ricardo Rosemberg, s Leé tambiénMás popularesNewsletterFormá parte de nuestra comunidad de Empresarios y Profesionales y recibí la información especializada más relevante para que puedas anticiparte en tus decisiones estratégicas.
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