jueves 28, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Admiten el primer amparo por el recorte jubilatorio

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Un aluvión de acciones de amparo y recursos de inconstitucionalidad se espera que se interporgan en la Justicia cordobesa en los próximos días, tras conocerse que, por primera vez desde la sanción de la Ley de Emergencia Previsional, se hizo lugar a una acción de un médico jubilado.
La medida judicial fue adoptada por la jueza de 16ª Nominación en lo Civil y Comercial, Victoria Tagle, quien admitió el amparo presentado por Orlando Cortés y ordenó al Ejecutivo provincial no aplicarle el recorte previsional a este profesional, al menos, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La noticia fue gratamente recibida por los gremios estatales, quienes ratificaron que la semana próxima concurrirán a los tribunales cordobeses.

Consultada por Comercio y Justicia, la secretaria general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Carmen Nebreda, indicó que, si bien los amparos tienen carácter individual, las acciones judiciales serán entabladas el mismo día por el conjunto de los gremios.
Mientras tanto, otro número de presentaciones se aguarda que lleguen a los juzgados de la mano de amparistas particulares. Al respecto, el abogado Jorge Gentile explicó a este medio que están trabajando en un sinnúmero de amparos y acciones de inconstitucionalidad que provienen no sólo de Córdoba Capital, sino también de ciudades del interior como Alta Gracia, Villa María, Bell Ville y Río Cuarto.

El abogado se mostró optimista respecto al resultado que puede obtener el resto de las presentaciones, toda vez que el artículo 57 de la Constitución provincial sostiene que las jubilaciones “son irreductibles”. Asimismo, señaló que el criterio de la jueza Tagle “puede ser general a otros jueces porque la norma es muy clara y la ley sancionada es muy frágil”.
Cabe destacar que, aunque todadavía no hay números certeros, se estima que las acciones de amparo podrían superar las 10 mil si se toma en consideración que ésa fue la cifra que dejó el decreto 1777/95 impuesto por el entonces gobernador Ramón Mestre.

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