El juicio que se sigue contra el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores imputados por el secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes políticos ocurrido en 1977, entró en su fase decisiva.
Luego del cuarto intermedio que el viernes último impuso el Tribunal Oral Federal Nº 1, mañana se retoma el debate oral, esta vez con los alegatos de los abogados defensores. En primer término expondrán los asesores oficiales, Máximo Liva y Mercedes Crespi, quienes tienen a su cargo la defensa de Menéndez, Hermes Rodríguez, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone. A su turno, lo harán los letrados particulares, Alejandro Cuestas Garzón y Jorge Agüero, representantes del ex jefe operativo de La Perla, Jorge Acosta.
Pruebas
Tal como lo vienen planteando desde el inicio del debate oral, los defensores oficiales harán referencia a la falta de pruebas que -a su criterio- se ha reunido y que es necesaria para poder condenar a los acusados en el marco de la causa Brandalisis. Para fundamentar esta postura, Liva adelantó a Comercio y Justicia que retomarán las mismas expresiones que expuso la querella al admitir que no “existe prueba directa”. En particular, el abogado se refirió a las palabras utilizadas por Mauro Ompré (representante de la familia Lajas), quien en su alegato advirtió si bien no había pruebas directas, éstas “no eran necesarias, por tratarse de un juicio especial”.
Sana crítica
“Es verdad que es un juicio especial, pero no tanto como para dejar de lado las reglas de la sana crítica racional”, subrayó el defensor oficial a este diario en respuesta al planteo de Ompré. “Es necesario poder vincular y subsumir los hechos juzgados a las personas imputadas”, agregó.
El alegato de los defensores oficiales retomará, además, fragmentos de lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, que el viernes último solicitó la pena de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez.
En tal sentido, el letrado recordó que fue el mismo fiscal quien advirtió que los testigos “no son neutrales, ni independientes”. Ese será otro de los elementos sobre los cuales hará hincapié la asesoría oficial.
De no mediar inconvenientes, Jorge Agüero y Alejandro Cuestas Garzón cerrarán mañana la etapa de alegatos. Cabe recordar que para su defendido, no pesa un pedido de prisión perpetua. Mientras que la querella solicitó una condena de 25 años para Acosta, el Ministerio Público reclamó 22 años de prisión. El ex jefe operativo de La Perla no fue acusado de homicidio, teniendo en cuenta que, según figura en su legajo, éste fue trasladado al Batallón 601 de la ciudad de Buenos Aires a comienzos del mes de diciembre de 1977, antes de que las víctimas fueran asesinadas en un simulacro de enfrentamiento.