ESCUCHAREl tema de debate en la jornada de ayer, en torno al conflicto agropecuario, fue si efectivamente existía la facultad y posibilidad del Congreso para modificar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que en su artículo primero hace referencia a la “ratificación” de la resolución 125 y complementarias. Si bien los productores y la oposición, ni bien se anunció la derivación parlamentaria de la cuestión, expresaron satisfacción, posteriormente hablaron de una “trampa”, ya que, según denunciaron, se votaría sin posibilidad de modificaciones.
Especialistas consultados sostuvieron que el proyecto debe ingresar al Congreso por Diputados, y las Cámaras tienen las facultades de rechazar o aprobar, con o sin modificaciones, cualquier proyecto de ley, sin importar el origen. Al respecto, el constitucionalista Félix Loñ dijo a Comercio y Justicia que “lo cierto es que el Parlamento puede decidir al revés de lo que espera el Gobierno”. Si bien la Constitución otorga al Congreso la facultad de legislar sobre temas impositivos, la misma Carta Magna, modificada en 1994, permite una delegación de estos temas hacia el Ejecutivo. Según el propio Loñ, esa delegación no es absoluta.
Vale decir que se debe separar la intención política del Ejecutivo, en el sentido de que salga el proyecto tal cual se mandó, de las facultades propias del Legislativo.
Más allá de la aprobación o no del proyecto, lo que podría reactivarse es un conjunto de proyectos que conformarían una suerte de plan agropecuario. En tal sentido, desde la oficina del oficialista Alberto Cantero, confirmaron a este medio que se analizan proyectos complementarios.
