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Se trata del proyecto que impulsa el presidente del Credicoop, Carlos Heller. El movimiento cooperativista argentino se encargó de reunir las rúbricas.
El movimiento cooperativista argentino aseguró esta semana que logró juntar un millón de firmas en todo el país para que el Congreso trate este año la Ley de Servicios Financieros que impulsa el presidente del Credicoop, Carlos Heller, quien a su vez es el nuevo presidente de la Comisión de Finanzas de Diputados.
“Fue una tarea de casi dos años en cada pueblo y ciudad del interior del país, ya que la intención es federalizar el acceso al crédito debido a que, fuera de Buenos Aires, 60 por ciento de la gente no tiene acceso al sistema financiero”, destacaron fuentes cercanas a Heller al tiempo que puntualizaron los beneficios del proyecto.
Las planillas para firmar estuvieron en todas las universidades públicas del país, en todas las sucursales del banco, en las cooperativas y en los partidos vinculados con Nuevo Encuentro.
Básicamente, Heller plantea que haya una orientación del crédito hacia las pymes, para así generar mayores condiciones para la inversión y la creación de puestos de trabajo, ampliar la frontera productiva y permitir que todos consuman mayor y mejor cantidad de bienes y servicios.
La declaración de servicio público prevista tiene que ver con un mayor involucramiento de la autoridad regulatoria en la orientación del crédito y en materia de tasas de interés para los sectores más desprotegidos, como las pequeñas empresas y los préstamos personales.
Heller aclaró en varias oportunidades que su planteo no es el de nacionalización de los depósitos sino que los bancos mantengan las decisiones sobre la toma de depósitos y su aplicación, con normas que orientan una parte de los fondos hacia créditos a pymes y a hipotecarios para vivienda.
Posiciones opuestas
Por su parte, en declaraciones periodísticas Jorge Brito, presidente del Banco Macro, criticó la ley al decir que “si un banco es un servicio público, el dinero de los depositantes también es público y nosotros somos meros intermediarios entre la oferta y demanda”.
Ante esto, Heller resaltó que, “con la declaración de la actividad financiera como servicio público, el dinero de los depositantes seguirá siendo propiedad de sus titulares, pues es la responsabilidad de que esos depósitos sean devueltos en tiempo y forma”.
El titular del Credicoop señaló además que, “en momentos de auge económico, los bancos generan una presión adicional sobre el consumo y los precios”.
Así, consideró que este año habrá condiciones objetivas para lograr un aval mayoritario al proyecto, presentado en 2009 y hasta ahora “congelado” en la Comisión de Finanzas de Diputados. “Es consistente con la idea de profundización del modelo planteada por la Presidenta y, previsiblemente, que será avalado en los comicios”, por lo cual “nuestra aspiración es tener una nueva Ley de Servicios Financieros durante 2012”.
Sobre el proyecto: prevé elevar el crédito a pymes a 40% del total de financiaciones privadas
Los diputados nacionales Carlos Heller y Martín Sabatella presentaron un proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, que prevé elevar el crédito a pymes a 40 por ciento del total de financiaciones al sector privado, fija topes a la tasa de interés y condiciona la participación de entidades extranjeras. Además, alienta “una distribución regional equitativa” de los bancos.
“Se concibe la ley como un servicio público a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos”, sintetizó Heller durante la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados.Éste pone un fuerte énfasis en la extensión de los servicios financieros hacia las regiones más postergadas del país, de manera que el crédito contribuya a alentar la actividad productiva -y por ende, económica y social- y los servicios bancarios sirvan para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Para ello, la iniciativa se propone crear un “fondo compensador de estímulo” en el seno del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se integrará con un aporte obligatorio de todas las entidades financieras. “De ese modo se compensarán los costos mayores en que incurran esas entidades cuando desarrollen operatorias en zonas geográficas de menor densidad poblacional y con menor desarrollo económico y social, y cuando prestan la mayor cantidad de servicios esenciales”, explicó Heller.
El proyecto propone además nuevos requisitos para autorizar sucursales, con miras a “ampliar la cobertura geográfica del sistema, facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios y evitar una excesiva concentración de filiales en las diferentes plazas”.Los detalles
La iniciativa, que firman además los diputados Jorge Rivas, Vilma Ibarra y Ariel Basteiro, propone reparos para evitar la concentración del sistema bancario: según el proyecto, el BCRA deberá monitorear que ninguna entidad financiera privada supere una participación de ocho por ciento en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos.
Las entidades financieras, según el proyecto, deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos de 38% del total de su financiamiento al sector privado y dos por ciento a los microemprendimientos.
