ESCUCHAREl domingo 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en más de 20 localidades del país, en la mayor protesta ocurrida en la isla en los últimos 60 años.
Lo que empezó como una manifestación en la ciudad de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, se fue extendiendo con el correr de las horas, bajo la consigna “patria y vida”.
El presidente Miguel Díaz-Canel, designado en 2018 luego de que Raúl Castro anunció que no continuaría en el poder, llamó a sus partidarios a enfrentarse con la gente y le dio luz verde a las fuerzas de seguridad para reprimir.
El 20 de julio, activistas por los derechos humanos en Cuba tenían documentadas más de 500 detenciones desde el inicio de las protestas.
Entre las personas privadas de su libertad figuraban varios menores de edad, artistas, opositores y periodistas independientes, a quienes se les imputaron cargos como desacato o delitos contra la seguridad del Estado.
El 20 de julio, activistas por los derechos humanos en Cuba tenían documentadas más de 500 detenciones desde el inicio de las protestas.
Entre las personas privadas de su libertad figuraban varios menores de edad, artistas, opositores y periodistas independientes, a quienes se les imputaron cargos como desacato o delitos contra la seguridad del Estado.
Durante y después de las manifestaciones, que incluyeron duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, se verificó una ola de arrestos.
Ante la falta de cifras oficiales, organizaciones disidentes elaboraron sus propios estudios.
También hicieron circular un documento de cálculo que permitió que los usuarios cargaran información personal de los detenidos y datos útiles, como la fecha y la hora de su aprehensión o el lugar donde fueron vistos por última vez.
La ONG Cuban Prisoners Defenders denunció que muchos apresados fueron sometidos a la vía del juicio sumario, sin posibilidad de acceder a una adecuada representación legal.
La Conferencia Cubana de Religiosos, que nuclea a todas las congregaciones del país, empezó a brindar servicios de asesoramiento legal a los familiares y los asistió para que promovieran recursos de hábeas corpus.
Paralelamente, se difundió un llamamiento firmado por el Movimiento Madres que arengó a que salieran a las calles “las madres, tías, hermanas, novias y abuelas” de fallecidos, heridos o desaparecidos desde el 11 de julio.
El colectivo remite a las Damas de Blanco, las esposas y familiares de los 75 disidentes encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocida como “Primavera Negra”, que durante años se manifestaron pacíficamente para pedir su liberación.
Las detenciones masivas generaron críticas en la comunidad internacional.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación de los arrestados.
Las protestas del domingo 11 de julio se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia de coronavirus fuera de control y una gran escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que -sumado a la falta de libertades y derechos básicos- desató los reclamos para exigir cambios políticos.
