Patrimonio arquitectónico en la cuerda floja

Si bien existen leyes nacionales, provinciales y municipales que procuran su conservación, el Estado no las cumple por falta de decisión política. El vacío de conciencia sobre el cuidado de los espacios público también atenta. El arquitecto Juan Manuel Bergallo asegura que debe existir un equilibrio entre los intereses públicos y privados, a partir de “una negociación”,  y entre la renovación de la ciudad y el mantenimiento de sus rasgos identitarios. La Municipalidad de Córdoba proyecta  una comisión para tutelar los bienes declarados de interés arquitectónico.  Por Laura Pantoja – [email protected]

Los monumentos y viviendas que  forman parte del Patrimonio Arquitectónico de Córdoba afianzan nuestros rasgos identitarios como pueblo y sirven de anclajes para el desarrollo cultural, turístico y económico. Por desgracia, en este contexto, no sólo son usinas de virtudes sino también centros de debates polémicos. Entre su conservación, su deterioro y su demolición, pasando por la necesidad de conciencia y los vacíos de educación, se tejen las más variadas culpas y cargos. El Estado, la decisión política, la negociación con los propietarios y los desarrollistas inmobiliarios, así como los valores que debemos poner en práctica los habitantes de La Docta, todo, en esta entrevista al arquitecto Juan Manuel Bergallo, uno de los máximos referentes en la materia en el ámbito nacional.

-¿Qué requisito debe reunir un inmueble para ser considerado patrimonio arquitectónico?
– Tiene que tener valores, medidos por expertos, que pueden ser tipológicos, exclusivamente fachadísticos, o bien,  pueden ser representativos de corrientes arquitectónicas de una época.

-¿Necesitan un mínimo de antigüedad?
– No necesariamente; pueden ser edificios modernos con una gran calidad de diseño, que no requieren estar declarados porque nadie va a pensar en demolerlos, pero pueden ser valores patrimoniales a reconocer en un futuro.

– La Municipalidad ha publicado recientemente un nuevo catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares declarados como Patrimonio de la Ciudad de Córdoba.-Todo lo que es colonial está declarado, conservado y legislado; igual, ha quedado muy poco: los grandes monumentos, las iglesias, la casa del Marqués de Sobremonte y la casa de Ladrón de Guevara, la única que ha subsiste del tejido colonial, que -encima – es tardía, del siglo 18.

-¿Qué motiva este vacío de representaciones de aquella época, entonces?
– Responde a políticas sucesivas que no han protegido al patrimonio y a cambios de mentalidad de distintas épocas y períodos históricos. La fase colonial fue transformada en el siglo XIX, cuando comenzó la corriente europeizante que subvaloraba los símbolos de la colonia, porque los consideraban resultados de una época de barbarie. La clase dirigente conservó lo más importante y lo demás fue arrasado. El tejido comenzó a ser reemplazado por las famosas casas chorizo, que en el siglo XX fueron suplantadas por los edificios en altura, quedando sólo algunas manifestaciones en los barrios, como por ejemplo la casa de Entre Ríos 40 y el Centro Cultural España Córdoba.

-¿Qué responsabilidad le cabe a la legislación en este caso?
– La legislación sobre el patrimonio comienza en el siglo XX; en el período anterior hicieron lo que consideraban era lo mejor para lograr una imagen más moderna, no hubo responsabilidad. Cuando la población aumentó a partir de la inmigración en 1860 y comenzaron a dividirse los cuartos de manzana dando origen a la tipología de la casa chorizo, se actuó sin conciencia del patrimonio colonial. Recién en la década de ‘40 del siglo XIX nace la primera legislación nacional, mediante la creación de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos. Es cuando se inicia la ideología de la conservación de patrimonio, cuando se declaran los primeros monumentos nacionales como la Catedral, el Cabildo Histórico, La Manzana Jesuítica y los conventos, cuya custodia y conservación dependían de la Nación. Había una sede en Córdoba que luego desapareció.

– En el ámbito provincial ¿cuándo se comienza a normatizar?
– Más tarde aparecen las categorías inferiores a la de monumentos nacionales, que son los Monumentos Históricos Provinciales, en los años ‘60. Como director de Patrimonio Cultural de la Provincia durante dos períodos, logramos incorporar por ejemplo la iglesia del Pilar, que no tiene valor colonial pero sí es una obra del Siglo XX. Así sumamos la capilla Buffo y muchas iglesias del interior provincial. Aquí, quien tiene la custodia y responsabilidad de la conservación es la Provincia. Por último, está la figura de Declaración de Interés Municipal.

-Al ser sólo una figura declaratoria ¿Qué obligación tiene el propietario del inmueble?
– Que un inmueble sea declarado de Interés Patrimonial por la Municipalidad no significa que no se pueda remodelar. Cuando hay propiedad privada en el medio, tenga la declaración que tenga, el propietario gana. La Municipalidad otorga beneficios al propietario para que la propiedad sea conservada -por ejemplo, exenciones impositivas- pero, como dueño, puede infringir la declaratoria ya que está en absoluto derecho porque el Código Civil lo ampara. En estos casos, se negocia; de lo contrario, si la Municipalidad la quiere conservar, definitivamente la tiene que expropiar.

  – ¿Prima la negociación entre el municipio y el propietario?
– Tiene que haber una negociación; los expertos en patrimonio pueden sugerir, pero el propietario tiene la última palabra. Está protegido por el Código Civil, que está por sobre el Derecho Público. Aquí se puede flexibilizar, por ejemplo, conservar la fachada y rehacer el edificio por dentro; aunque me parece una conservación ridícula, hay interiores de inmuebles muy valiosos que han desaparecido por completo. Es moneda corriente esto de la conservación de la fachada y la demolición del interior, como el caso de la confitería ArtDecó y la casa de los hermanos Feigin en Bv. Chacabuco.

– ¿Con qué criterios se evalúa la conservación total o parcial de los inmuebles?
– Desde el punto de vista de la conservación integral, es algo anecdótico, pero frente a demoler la totalidad, prefiero que perpetúe el testimonio de la fachada. Sin embargo, hay casos que ameritan la conservación completa, como lo hubiera sido la casa de los hermanos Feigin.

– Y para éstos casos,  la Comisión de Protección de Patrimonio que busca crear la Municipalidad de Córdoba sería válida, ¿No?
– Claro, me han nombrado desde diferentes reparticiones para integrarla. El objetivo es que ésta comisión de expertos en patrimonio evalúe  las solicitudes de demolición de los inmuebles, como así también, pueda valorar y clasificar las propiedades artísticas arquitectónicas, desde las categorías más importantes hasta las más modestas. También podrá sugerir declaración de otros inmuebles que estén por fuera del catálogo. Hay viviendas, por ejemplo en barrio San Vicente, propias de una época, que están en un estado alto de deterioro y urge restaurarlas.

-Abundan casos de este tipo ¿Es el Estado responsable?
– El Estado que declara los inmuebles como monumentos los tiene que conservar, pero no lo puede hacer porque no hay decisión política. No hay cloacas, no hay infraestructura, entonces el patrimonio queda aletargado. Por otra parte, también es cierto que en el caso municipal no existe personal idóneo en las oficinas técnicas, por eso crean esta comisión. Tampoco hay poder de policía, si no hay policía de tránsito vehicular, muchos menos hay intervenciones en las obras. Se necesita a muchas personas para valorar el estado edilicio de los declarado como patrimonio. Hay viviendas que se caen a pedazos y nadie hace nada. Encima, es imposible pensar cómo la propiedad privada podría colaborar en la conservación de viviendas, si ni siquiera hay conciencia en la población sobre el cuidado del espacio público.

-¿Por ejemplo?
-Córdoba se rasga las vestiduras de La Docta, del pasado jesuítico, del pasado colonial, de la primera universidad del Cono Sur de América, pero a la hora de mostrar, la Provincia demolió el Palacio Ferreyra. Lo expropió para conservarlo y lo terminó demoliendo por dentro. Presentamos un recurso de amparo que sólo pudo atrasar las obras durante un mes, pero terminaron demoliendo la única tipología de palacio que quedaba en Córdoba. Se debería haber conservado íntegramente, quedó solo el hall central junto a unas salas magníficas, pero no se sabe si se está dentro del Palacio Ferreyra o de un museo nuevo. Esto es peor que lidiar con los privados, que lo hacen para conservar lo suyo; pero que el Gobierno compre para conservar y lo termine demoliendo, es la actitud más absurda y surrealista que puede haber. Por capricho o desconocimiento, estamos acechados por todos lados.

– ¿Cuál sería el estado ideal de situación?
– En primer lugar, que se cumpla con la legislación vigente que es buena y compleja; ni la Nación ni la Provincial ni el municipio lo hacen. Ninguno de los tres por diversas causas, pero fundamentalmente por falta de medios, que en definitiva, es falta de decisión política.

– Ahora, lejos de este “estado ideal”, ¿Cómo nos podríamos acercar a la realidad?
– Debería haber un equilibrio entre los intereses públicos y los privados, entre la renovación y la conservación. La ciudad tampoco puede ser un museo, es un conglomerado urbano dinámico que crece y cambia de usos, pero también debe mantender su memoria, sus rastros del pasado. Si la historia desaparece nos quedamos sin arraigo, sin identidad. Si vamos a la plaza Mayor desde donde vemos la Catedral, el Cabildo, la sede de la colonización, es para todos los habitantes de la ciudad un rasgo identitario inevitable. Insisto, la ciudad debe renovarse donde lo amerita; hay bolsones de zonas degradadas como por ejemplo en barrio San Vicente donde urge una actualización; pero también hay que saber conservar selectivamente el rasgo identitario.
– ¿Cuál es la condición ineludible para esbozar aunque más no sea ese equilibrio?
– La educación sobre el valor del patrimonio es básico. Quién no sabe sobre su origen o significado no puede valorar, esto es necesario desde la escuela primaria. La ciudad debe honrar el espacio público como herencia de nuestros antecesores y en pos de la conservación, para que las futuras generaciones tengan también su memoria colectiva.

– Además, la conservación también tiene un atractivo turístico y económico para el desarrollo de la ciudad.
– El patrimonio arquitectónico es un valor agregado turístico; si Córdoba no mantuviera la Manzana Jesuítica, la Catedral, sus valores históricos y paisajísticos, no sería un atractivo para nadie. Viviríamos con menor calidad de vida, con nada que nos identifique y, para los extranjeros, no tendríamos ningún valor. Si en los documentales en vez de mostrar el patrimonio, mostramos un edificio en altura como en cualquier otro lugar del mundo, no decimos nada. El patrimonio, bien gestionado, atrae  miles de visitantes. Bien admnistrado,  es base para desarrollos locales, creación de empleos, puntos gastronómicos, hotelería. Es un valor agregado para captar inversiones.

Una voz calificada

El arquitecto Juan Manuel Bergallo es profesor titular  de las cátedras de Historia de la Arquitectura Latinoamericana (Historia III) e Historia Crítica de la Arquitectura Latinoamericana y Argentina. Es profesor adjunto de la cátedra de Historia de la Arquitectura Moderna y Contemporánea (Historia II).
Entre los trabajos realizados a nivel público se destacan registros, inspecciones, informes técnicos, propuestas de declaración “De Interés Municipal” de inmuebles significativos; organización de ciclos y simposios y propuestas de montaje del Museo de la Ciudad en Casa Garzón Maceda.
Ocupó cargos públicos , entre ellos en la  Dirección de Patrimonio Cultural y Turismo de la Municipalidad de Córdoba (1981-1985). Participó en la gestión y programación de los museos provinciales, intervenciones de restauración en monumentos históricos provinciales y gestión de nuevas declaratorias y asesoramiento a municipios, entre otros.