Hacen lugar a suspensión de juicio a prueba por estafa

Si bien la mediación penal es una herramienta que no está actualmente en vigencia en nuestra provincia, su utilización es promovida por los expertos en esta materia que ven en su aplicación una posibilidad de descongestionar los tribunales de aquellas causas que, por su “menor” envergadura, podrían ser analizadas y hasta resueltas en una primera instancia, anterior a la vía estrictamente judicial.
En Córdoba capital, y siguiendo este concepto de mediación penal, la Cámara 11ª del Crimen resolvió hacer lugar a un pedido de suspensión de un juicio a prueba, en un hecho donde dos personas estaban imputadas por el delito de estafa.
El pedido había sido solicitado por el abogado defensor de los acusados, Alberto Daniel Barmat, argumentando ante el tribunal que sus clientes ya habían alcanzado un acuerdo económico con el damnificado por el daño que le habían ocasionado.
En el caso particular, el letrado advirtió a la Cámara que la sustanciación del juicio no sería necesaria en virtud de que sus defendidos habían acordado abonarle al damnificado la suma de once mil pesos en concepto de capital e intereses y acordado, paralelamente, el pago de los honorarios al abogado patrocinante de quien fuera oportunamente estafado.

Hecho

El hecho en particular ocurrió cuando dos personas que eran compañeros de trabajo acordaron alquilar un departamento, presuntamente para fines laborales. Para ello, convinieron que uno sería el locador, aportaría cheques de su cuenta para el pago y, luego de concretada la operación, los denunciarían como extraviados, procurando con tal actitud perjudicar patrimonialmente al locatario.
Así, el 20 de mayo de 2002 uno de los imputados se hizo presente en una inmobiliaria ubicada en el microcentro cordobés, donde se concretó la operación de alquiler de un duplex en barrio Nueva Córdoba. El trato económico se cerró cuando el acusado hizo entrega al dueño del inmueble del pago de seis meses adelantados con cheques de pago diferido, por la suma de $ 500 para cada uno. Posteriormente, y tras hacer la entrega de los cheques, el titular de la cuenta bancaria realizó la exposición por extravío, por lo que al intentar cobrar dichos valores, el dueño del departamento se encontró con una orden de “no pagar con denuncia policial”, resultando así perjudicado patrimonialmente por la maniobra delictiva desplegada.