ESCUCHAREn un escenario impensado hace apenas unas semanas, el conflicto entre Gobierno y los productores agropecuarios gana terreno y pasa de ser una protesta por medidas económicas a disputar poder político. Como muestra de cómo cayó el discurso de la Presidenta a las entidades agropecuarias, Pablo Orsolini, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) consideró que Cristina “incitó a la violencia diciendo que nosotros no queremos que los argentinos coman y eso no es cierto. Nosotros no somos extorsivos, muy por el contrario, ella es la que extorsiona a los gobiernos con la chequera de la Casa Rosada”, aseguró.
Además, estimó que en el discurso, la Presidenta metió a todos los productores “en la misma bolsa, sin diferenciar a los grandes, de los pequeños y medianos”.
En ese orden, aclaró que los productores “no quieren enfrentase con la sociedad, pero es muy posible que en Córdoba y en Entre Ríos no dejen circular a nadie por las rutas”.
Antes del discurso de Cristina, las entidades del campo anunciaron que mantendrían el lockout por tiempo indeterminado, pero comercializará varios productos (leche y la venta de productos perecederos).
“La comisión de entidades agropecuarias, ante la falta de respuestas positivas del Gobierno nacional, ratifica la continuidad de la medida de protesta, reiterando que la misma consiste en la no comercialización de productos agropecuarios y derivados”, indica el comunicado que lleva la firma de los principales dirigentes de la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Coninagro y CRA.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, aseguró que esa entidad está dispuesta a “iniciar el diálogo” con el Gobierno, pero consideró que sería conveniente recurrir a “mediadores” como “gobernadores o Iglesia” (ver Tímidas Señales).
Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet, consideró que el paro es consecuencia de “un problema económico, no político”. “Hay un problema de caja en el Estado Nacional. Debemos formar una mesa de concertación y ver qué solución” se puede encontrar, añadió.
Encuesta
Una muestra de la polarización lo expresa un sondeo de Ibarómetro, que estima que el paro de los ruralistas es “una forma de expresar el disgusto ante las políticas” oficiales. El estudio reveló que el 41,7 por ciento de los encuestados está “de acuerdo” con que “el Estado cobre retenciones a las exportaciones de soja, cereales y carne para defender la política exportadora y aumentar la recaudación fiscal”, en tanto que el 38,1 está “en desacuerdo” con esa medida.Casi un 55,7 por ciento piensa que los productores agropecuarios tienen “responsabilidad en el aumento de los precios de la carne y las verduras”, mientras que el 38,3 cree que ese sector no tiene nada que ver con esa cuestión.
A la vez, la encuesta señaló que los más beneficiados con la huelga son: el sector financiero (29,9 puntos), los industriales (20,5), los grandes productores agropecuarios (18,2), los trabajadores (8,4) y los pequeños y medianos productores (3,9).
