ESCUCHAREl ex vocal por Usuarios y Consumidores, ahora representa al oficialismo. En tanto, José Luis Scarlatto es el nuevo titular del ente de control. El organismo deberá tratar en lo inmediato un pedido de aumento de 12,21% pedido por Aguas Cordobesas, el mismo que había sido rechazado días atrás. Estadísticas avaló una nueva suba en las tarifas de la EPEC
El gobernador Martín Llaryora designó a Walter Scavino como nuevo vocal por el oficialismo y de esta manera el Ejecutivo recuperó su posición dominante en el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), que ahora preside José Luis Scarlatto.
De esta forma, tal como anticipó Comercio y Justicia, Llaryora resolvió prontamente la salida de Mario Blanco, quien durante los últimos 10 años encabezó el Ersep y cuyo mandato concluyó días atrás.
Scavino ya había sido vocal del ente, aunque en aquella oportunidad en representación de Usuarios y Consumidores. Ahora, lo hará pero como vocal por el oficialismo.
De esta manera, el Ersep es desde ahora encabezado por el oficialista Scarlatto, acompañado por Mariana Caserio y Scavino.
En tanto, por la oposición continúan Facundo Cortés Olmedo y Rodrigo Vega. Por su parte, Mario Peralta ocupa el lugar en representación de Usuarios y Consumidores.
La cobertura del cargo era clave para que el Gobierno se asegurara los votos ante un eventual “fallo dividido” por parte del directorio en algún tema sensible.
Pedido de Aguas
Por lo pronto, el nuevo directorio deberá tratar seguramente en pocos días el nuevo planteo de aumento de tarifas presentado por la empresa Aguas Cordobesas.
Sucede que, según anticipó Comercio y Justicia, el pedido presentado por la prestataria había sido rechazado por la Mesa de Revisión Tarifaria al no alcanzar el ocho por ciento mínimo exigido por contrato como uno de los detonantes para habilitar la Mesa.
De hecho, ese órgano netamente técnico había concluido que el planteo de Aguas implicaba una suba de costos de 7,99%, de ahí el rechazo, inédito en la historia del Ersep.
Con todo, tal como se esperaba, era cuestión de días que la empresa del Grupo Roggio presentara un nuevo pedido de aumento.
Esa solicitud ingresó en las últimas horas y alcanza a 12,21% de aumento conforme los costos entre agosto y noviembre pasados.
El pedido anterior incluiría el período agosto-octubre.
Lo cierto es que seguramente ahora sí la mesa acceda a abrir un expediente y a analizar si el porcentaje solicitado es el correcto. Recién entonces, el trámite pasará al nuevo directorio para que convoque a audiencia pública y luego se resuelva aplicar el aumento.
EPEC
Mientras tanto, EPEC quedó habilitado a aplicar un incremento en el Valor Agregado de Distribución (VAD) luego de que la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba difundiera el resultado de la fórmula de adecuación mensual (FAM) correspondiente a diciembre y que es de 1,031.
En la práctica, el número supone que EPEC podrá incrementar las tarifas en un porcentaje en torno a 1,5% final a los usuarios de la compañía.
Otros servicios
Por lo demás, por ahora no ingresó al ente otro pedido de incremento. Recordemos que el Ersep regula las tarifas de la EPEC, las cooperativas eléctricas, de Aguas Cordobesas, de las cooperativas de agua, del servicio del transporte interurbano y del peaje en la Red de Accesos a Córdoba (RAC), a cargo de la estatal Caminos de las Sierras.
Cargos
En otro orden, no hubo aún novedades respecto a la respuesta que envió la EPEC, Aguas Cordobesas y de algunas cooperativas del interior, respecto a la inclusión de cargos en las facturas a los usuarios que no tengan relación directa con el servicio que se presta.
Al amparo de una resolución de la Secretaría de Comercio e Industria, la Dirección de Defensa del Consumidor presentó diferentes denuncias contra las prestatarias cordobesas -en rigor hubo denuncias a empresas de diferentes provincias-, por incluir cargos supuestamente indebidos en las facturas, entre ellas el Fodep -obras-, y la OIM, una ordenanza que recauda, en el caso de la ciudad de Córdoba, 9,9% de lo facturado, para ampliar y mantener el servicio de alumbrado público.
Todas tuvieron cinco días hábiles para responder y así lo hicieron. En el descargo, alegaron que todos los cargos cuestionados tenían que ver con el servicio eléctrico y además, estaban amparadas por una ley provincial votada en 2018.
Como fuere, fuentes de las denunciadas aseguraron que no hubo respuesta alguna por parte de Defensa del Consumidor.
Mientras tanto, se supo que en los últimos días se sumaron nuevas presentaciones contra otras cooperativas del interior provincial.
