ESCUCHARLa medida involucra a 70% de los beneficiarios del organismo. El costo fiscal llega a $7.700 millones. Aunque el superávit financiero fue récord al 30 de septiembre, tal como anticipó Comercio y Justicia, el problema es que la Caja es un “agujero negro” que exige un urgente acuerdo con la Anses para no recurrir a medidas más extremas. Catarsis del Cofepres, tras acuerdo con Entre Ríos
El gobernador Martín Llaryora anunció un bono de 100 mil pesos para los jubilados y pensionados provinciales que perciban hasta 1,3 millón de pesos en bruto.
En la práctica, el bono lo cobrará 70% de los beneficiarios que tiene la Caja de Jubilaciones, esto es unos 91 mil pasivos.
Según indicó el Gobierno en un comunicado, el pago se hará efectivo “antes de las fiestas de fin de año”.
El pago extraordinario tendrá para la Caja un costo fiscal de 7.700 millones de pesos.
Aunque el monto no es menor, más que duplica el rojo que tiene el organismo durante un mes.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, confirmó que el bono se pagará el día 23 de diciembre.
Además, indicó que en el caso de los pasivos que perciban más de un beneficio, el monto sólo se otorgará si la suma de las dos erogaciones no superen el monto límite fijado para para la ocasión.
El anuncio de Llaryora generó de inmediato el reclamo de los gremios como la UEPC. En tanto, el SEP ya había acordado en su paritaria el pago de un bono por ese mismo monto a cobrar a mediados de enero.
Llaryora en campaña
“En Argentina estamos pasando tiempos muy difíciles. Uno de los sectores más afectados han sido nuestros queridos jubilados y pensionados y esto se traslada a Córdoba”, comenzó diciendo el gobernador en el audio difundido a los medios de prensa.
Y continuó: “Hemos decidido otorgar un bono extraordinario antes de las Fiestas de fin de año de $100 mil para cada jubilado y pensionado que gane hasta $1.300.000 brutos”.
“Quiero que sepan que vamos a seguir trabajando día a día en conjunto con toda la sociedad para seguir mejorando y cuidando su bienestar”, cerró.
Luego de dar “la buena noticia”, el Gobernador realizó una evaluación de la gestión provincial en lo que entiende que “ha sido un año muy difícil en Argentina, para todos”.
En ese sentido, contemplando el esquema de transferencias cero desde Nación de buena parte de los fondos para diferentes programas en 2024, Llaryora dijo que su administración ha desarrollado “medidas tendientes a atenuar todo lo que pasa en el contexto nacional, pero también ayudando al país a bajar la inflación”.
El gobernador dio un ejemplo sobre la anterior interpretación: “Sacaron los subsidios al transporte. ¿Y qué hicimos nosotros? No sacamos el Boleto Educativo Gratuito. Es más, incorporamos (al programa de boletos provinciales) a los docentes y no-docentes universitarios”.
El mandatario también se refirió a la situación de empleo, producción y cobertura de salud que afrontan los trabajadores cordobeses.
“Si hay un sector que ha sufrido el ajuste (de Milei) han sido los jubilados. Y nosotros (el Gobierno de Córdoba) no hemos recibido un peso. Nos parece necesario ayudar a este sector”, dijo Llaryora sobre el bono extraordinario para los pasivos.
Agujero negro
La referencia del Gobernador está relacionada con la decisión de Milei de cortar todo envío a las cajas provinciales no transferidas en 2024.
Llaryora sabe que urge cerrar un acuerdo con la Nación para que se reactiven los giros a la Caja de Córdoba.
Hasta ahora, la única de las 13 cajas provinciales que lograron acordar con la Nación es la de Entre Ríos.
El acuerdo que, según admitieron fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Comercio y Justicia, se mantiene bajo “siete llaves” por la propia gestión que encabeza Rogelio Frigerio, fue motivo de debate ayer por parte de los integrantes del Cofepres, el organismo que encabeza el titular de la Caja de Córdoba y que componen el resto de las 12 provincias con sus cajas provinciales.
Pese al hermetismo oficial, trascendió que la reunión que tocó varios temas, no eludió un análisis sobre el acuerdo logrado por Entre Ríos.
“Entre Ríos, si bien integra el Cofepres, hace tiempo que no envía a su representante. Menos aún ahora. Lo iban a bombardear de preguntas”, se sinceró un informante.
En rigor, la reunión sirvió en parte para hacer catarsis ante la impotencia por no obtener respuesta alguna por parte de la Nación.
En realidad, saben que hoy todo está en manos de las máximas autoridades, en el caso de Córdoba de Llaryora y del ministro Guillermo Acosta.
La estrategia del gobernador es intentar cerrar un acuerdo con la Nación en el marco de la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado por Milei para intentar cerrar un acuerdo entre Nación y provincias por deudas y acreencias mutuas.
Córdoba incorporó a esa negociación el pasivo que exige por la Caja que, según informó oportunamente el propio Ejecutivo, supera los 700 mil millones de pesos. Buena parte de ese reclamo está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Tiene 60 días hábiles para acordar, según la normativa vigente.
El Gobernador sabe que ésa es su última alternativa, aunque el acuerdo cerrado por Entre Ríos generó sorpresa y abrió una nueva expectativa para Córdoba.
La Provincia estima que en 2025 el rojo de la Caja será desde el inicio mismo del año de unos 35 mil millones de pesos mensuales.
Resulta clave entonces llegar a una negociación que probablemente no coincida con los números que reclama Córdoba, pero que al menos permita restituir el flujo corriente mensual, mientras se evalúa cómo se cancelará la deuda hacia atrás.
La norma que creó el régimen dice claramente que las partes deberán mostrar la documentación respaldatoria que justifique los reclamos.
La Provincia asegura tener todos los papeles al día e incluso haberlos presentado ante la Anses que, sin decisión política de Milei y Caputo, no avanzará en ninguna medida que involucre el desembolso de fondos.
Si Llaryora no logra un acuerdo, no extrañaría que deba apelar a algún mecanismo extra para cubrir el creciente rojo previsional. Con todo, en un año electoral, difícilmente tome alguna medida que enerve aún más a las permanentes quejas de los agentes públicos y jubilados sobre la caída real de las jubilaciones que paga la Caja.
