ESCUCHAREl gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, celebró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló el reclamo de la provincia por el río Atuel y le corrió traslado al Estado Nacional para que, en un plazo no mayor a cuatro meses, responda por qué no se cumple con el fallo de la Corte Suprema que, en julio de 2020, en el marco de la causa 243/2014, le ordenó a Mendoza garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo en el límite entre las jurisdicciones.
En la red social X, Ziliotto planteó que “es inadmisible” que no se haga cumplir un decisorio de la máxima instancia, como sucede con lo que definió como “el robo del río Atuel por parte de Mendoza”.
Recordó que su administración acompañó a la Fundación Chadileuvú y a la Asamblea por los Ríos Pampeanos en su presentación ante la CIDH, para exigir el acatamiento de la sentencia.
Ríos
“La Pampa no abandona la lucha por sus ríos. Vamos a seguir insistiendo en todos los estamentos que tienen competencia sobre la materia y, día a día, sumamos pruebas y entendimientos”, aseveró Ziliotto.
El manejo del Atuel aguas arriba por parte de Mendoza generó un proceso de desertificación en La Pampa. Lleva medio siglo y afectó la actividad agropecuaria y la calidad de vida en general.
La Pampa recorrió un largo camino de reclamos judiciales que llegaron a la Corte, que estableció la obligatoriedad para Mendoza de garantizar un caudal mínimo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En julio, en el cuarto aniversario del fallo de la Corte, Zilotto acusó a Mendoza de ignorar el “ecocidio” del oeste de la jurisdicción que gobierna.
El conflicto por el agua data de 1947, cuando Mendoza empezó la construcción de la represa El Nihuil, en San Rafael. Según los pampeanos, esto causó un grave impacto ecológico, afectando a las especies autóctonas y obligando a los pobladores a emigrar.
