ESCUCHAREl proyecto será enviado la semana próxima a la Legislatura. El plan apunta a acordar diferencias entre las partes. Córdoba reclama -sólo por la Caja de Jubilaciones- más de $700 mil millones. Además, otros US$210 millones por obras impagas. Las acreencias de la Nación son irrelevantes. ¿Qué pasará con Fadea?
El gobernador Martín Llaryora tomó la decisión política de adherir por ley al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado nacional y las provincias, negociación en la que Córdoba incluirá las acreencias por la Caja de Jubilaciones, que se estiman en unos 700 mil millones de pesos.
En paralelo, también se sumarían los 210 millones de dólares por obras viales comprometidas durante la gestión de Mauricio Macri y que la Provincia terminó ejecutando con fondos propios.
Mientras tanto, está en discusión si el debate incluye también a Fadea, que la Nación pretende transferirla a Córdoba aunque aún sin acuerdo sobre la modalidad del traspaso.
En cuanto a las deudas de Córdoba con la Nación, éstas son marginales. Según los datos sobre la deuda de la Provincia a junio publicados por Economía, el pasivo con la Nación apenas supera los mil millones de pesos.
La decisión de la Provincia de adherir por ley al régimen, cuyo acogimiento vence el viernes de la semana próxima, fue adelantada a Comercio y Justicia por una fuente del Ejecutivo.
“Vamos a enviar un proyecto de adhesión a la Unicameral la semana próxima”, indicó la fuente.
En esa línea, confirmó que el tema del reclamo por el pasivo de la Caja de Jubilaciones estará entre los puntos a discutir.
El dato no es menor. Es que el hermetismo oficial sobre el tema es evidente.
Las negociaciones, aunque ya se venían trabajando, tuvieron un punto de inflexión en las últimas horas cuando el presidente Javier Milei resolvió excluir del temario de extraordinarias en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025. Aunque la norma no aseguraba a las cajas provinciales no transferidas, entre ellas la de Córdoba, un fondeo regular, sí establecía que, auditorías mediante, Anses comenzaría a pagar los déficits corroborados desde 2021.
La Caja recibió 1.072 millones de pesos mensuales durante la gestión de Alberto Fernández, cifra que nunca se actualizó.
Ya con Milei en el Gobierno, la Anses dejó de girar fondos.
Ahora sin Presupuesto 2025, seguirá vigente el Presupuesto 2023 aunque reconducido.
“Esa ley aclaraba que la Anses debía girar a las cajas provinciales los fondos actualizados por movilidad previsional mientras se auditaban los números”, recordó una fuente del Ejecutivo.
Sin embargo, ese articulado nunca se cumplió, toda vez que la propia Anses determinó por medio de una resolución en abril de 2023, que esos artículos debían ser reglamentados para su vigencia.
En definitiva, Llaryora no espera que Milei afloje y envíe un peso para la Caja en 2025.
Con dos juicios que por ahora duermen en la Corte Suprema presentados por Juan Schiaretti en 2023, uno por la deuda de 2022 hacia atrás y el otro por el pasivo corriente entre enero y abril de 2023, la opción del Gobernador era o interponer otra acción o bien negociar y esperar algún resultado. Las conclusiones están a la vista.
Negociación
En ese contexto, ahora Llaryora ordenó avanzar en la adhesión al régimen lanzado por la Nación, cuyo acogimiento vence el próximo viernes 13.
Si bien en el Ejecutivo mantienen un cerrado hermetismo sobre el tema, trascendió que en las negociaciones está incluido el reclamo por la Caja de Jubilaciones.
Como toda negociación, es probable que Llaryora se allane y termine acordando un pago menor al reclamado, siempre y cuando se arribe a un acuerdo.
Nada se mencionó en relación a las deudas por obras viales, también judicializadas por Juan Schiaretti.
Mientras tanto, también está pendiente el tema de la transferencia de Fadea a la Provincia.
En principio, tal como lo anticipó Comercio y Justicia, la idea era que la Nación le pasara la Fábrica Argentina de Aviones a Córdoba y que la Provincia le cediera el management al sector privado, conversaciones que estaban avanzadas con dirigentes de la Unión Industrial de Córdoba.
Sin embargo, días atrás, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el tema del traspaso podría formar parte del paquete a negociar con Córdoba en el marco del Régimen de compensación de deudas y acreencias mutuas, tema que, por cierto, Llaryora no quiere incluir.
El régimen
El esquema lanzado por la Nación y que fue publicado el primero de noviembre, señala que “tendrá como objetivo extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.
Las partes tendrán 30 días hábiles para adherir -hasta el próximo viernes 13-.
“La documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en el presente Régimen, así como los informes técnicos y jurídicos pertinentes de las jurisdicciones adherentes, deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación en el plazo máximo de SESENTA (60) días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la voluntad de adhesión referida en el artículo 3° del presente decreto.
Cumplido el plazo máximo antes indicado sin que las jurisdicciones hayan acompañado la documentación necesaria para dar curso al trámite, previa intimación cursada por parte de la Autoridad de Aplicación, se entenderá que han retirado su solicitud de adhesión al Régimen”, señala parte del decreto.
