El gobierno denunció a la dictadura de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio y las amenazas que sufren los asilados en la residencia del Embajador de la Argentina en Caracas.
El embajador en los Países Bajos, Mario Oyarzábal, se presentó ante el tribunal y exigió que se actúe para frenar las acciones de grupos de la policía política del régimen chavista.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”, declaró el diplomático.
En la embajada se encuentran Magalli Meda, ex jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela (VV); Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV; el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, y Pedro Urruchurtu Noselli.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, aseveró Oyarzábal.
Además, dijo que la misión diplomática en Caracas ya enfrentó situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. “Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos”, sumó.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”, consideró. Un video difundido por Meda expuso las precarias condiciones en las que se encuentran ella y los otros cinco asilados opositores desde marzo. El material, grabado durante la madrugada, muestra un entorno oscuro, mientras la mujer narra los detalles de la situación. Indicó que llevan 10 días sin agua ni luz.
La dirigente opositora María Corina Machado calificó las condiciones de los asilados como “tortura” y llamó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato. “El mundo democrático debe actuar ya”, afirmó a través de redes sociales. Horas después, el gobierno argentino acudió a la CPI.