viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Abren sumario administrativo contra asesor acusado de filtrar el examen de un concurso

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrió un sumario administrativo contra el asesor letrado Eduardo Caeiro, acusado de revelar contenido confidencial de un examen en el marco del concurso para cubrir cargos de auxiliar colaborador de la Defensa Pública.

Caeiro, quien formaba parte del tribunal examinador, habría compartido información reservada del examen teórico-práctico específico con cuatro agentes judiciales vinculadas a él por relaciones académicas, personales y funcionales. Estas personas obtuvieron las calificaciones más altas del concurso, lo que generó sospechas sobre la legitimidad del proceso.

Según la resolución del TSJ, esta acción “lesionó gravemente la transparencia, imparcialidad y seriedad del sistema de promoción del Poder Judicial de Córdoba”. La apertura del sumario administrativo incluye también a las cuatro concursantes involucradas.

Denuncia y respuesta gremial

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó la denuncia, señalando una posible connivencia entre el funcionario y las concursantes para obtener ventajas indebidas. 

El TSJ aseguró que la investigación avanzará a fondo para esclarecer los hechos. De comprobarse la filtración, Caeiro podría enfrentar un juicio de destitución, mientras que las concursantes podrían recibir sanciones severas.

Irregularidades en el proceso

El examen en cuestión había generado reclamos previos por errores técnicos y preguntas fuera del temario. Sin embargo, las sospechas surgieron cuando se conocieron los resultados: al menos dos postulantes obtuvieron la puntuación máxima de 35 puntos y una tercera persona logró 34, mientras que el resto de los aspirantes no alcanzó esos niveles. Además, se filtró que las beneficiadas habrían recibido clases privadas del asesor, una práctica prohibida.

El Poder Judicial suspendió el concurso, cuyo orden de mérito no se había confirmado. La investigación sigue en curso, con la promesa de esclarecer las responsabilidades y garantizar la transparencia en futuros procesos.

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