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En debates anteriores, hablábamos sobre el acceso a la justicia en materia ambiental y cómo, en la práctica, la cúpula judicial ha reducido este derecho fundamental a una mera declaración de buenas intenciones.
No se trata únicamente de la polémica concentración de la competencia judicial en las Cámaras de lo Contencioso Administrativo para resolver procesos ambientales. El problema radica en una marcada voluntad de desalentar la promoción de este tipo de juicios.
En otras palabras, nuestro Poder Judicial no quiere juicios ambientales. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los procesos adversariales clásicos -civiles, laborales o de familia-, cuyos efectos suelen limitarse a las partes involucradas, en los procesos ambientales el Estado aparece, directa o indirectamente, como parte responsable. Así, el rigor que nuestros magistrados suelen demostrar al juzgar y aplicar la ley en otros casos, desaparece cuando se trata de procesos que implican cuestionar a su empleador. Es que la mayoría de las causas ambientales están atravesadas por dos manos invisibles -o no tan invisibles-: una política y otra económica.
En los procesos ambientales, el desaliento comienza desde el inicio. Al tratarse de demandas que suelen canalizarse mediante acciones de amparo, muchas veces los jueces las rechazan liminarmente bajo el argumento de que existirían “otras vías más idóneas” para plantear las pretensiones. Y en los casos en que la demanda logra ser admitida, el trámite inicial puede demorar más de un mes, un plazo que en cuestiones ambientales -donde la urgencia es clave- resulta inaceptable.
A esto se suma otro problema aún más grave: la falta de peritos oficiales capacitados para llevar adelante la etapa probatoria. El Poder Judicial no cuenta con un cuerpo técnico especializado que brinde a los magistrados los elementos necesarios para resolver adecuadamente los procesos ambientales. En consecuencia, las pericias, en lugar de ser una herramienta para aportar claridad, se transforman en un obstáculo más: verdaderas “chicanas” o dilaciones que convierten al proceso “expedito y rápido” que promete la ley en un proceso kafkiano.
Cuando no hay peritos oficiales, los tribunales recurren a los colegios profesionales para sortear entre sus matriculados. Sin embargo, la experiencia demuestra que, por diversos motivos, muchos de estos profesionales no están interesados en participar, lo que da inicio a una búsqueda interminable que, en ocasiones, puede durar años. Esto no solo retrasa la justicia, sino que la aleja cada vez más de las personas que más la necesitan.
Esta situación no es casual. Responde a una clara política de incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país a través del Acuerdo de Escazú. Recordemos que este instrumento establece, entre otras cosas, que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, los Estados deben contar con órganos estatales competentes con conocimientos especializados en la materia y procedimientos efectivos, oportunos, públicos, y transparentes.
En lugar de avanzar hacia el cumplimiento de estos compromisos, el Poder Judicial parece haberse embarcado en una estrategia de dilación que obstaculiza el acceso a la justicia ambiental. Mientras esto persista, el derecho de acceso a la justicia seguirá siendo, en materia ambiental, una promesa vacía.
(*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho
