ESCUCHAREl fiscal Carlos Gonella le pidió al Tribunal Oral Federal N°2 que le imponga 12 años de prisión a un acusado por trata agravada por violencia sexual y abuso de situación de vulnerabilidad en perjuicio de dos hermanas, una de ellas menor de edad al momento de los hechos.
Acusó a Javier Alvarenga por captarlas para someterlas a largas jornadas laborales en un campo, abusando de su estado de vulnerabilidad y mediante engaños y amenazas, y también solicitó que se le imponga el pago de 6.208.176 pesos en concepto de reparación económica para las víctimas, la obligación de realizar un programa sobre violencia de género y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con las víctimas hasta que quede firme la sentencia.
La Fiscalía destacó la asimetría de poder que entre las víctimas y los acusados -Celestino Alvarenga, el padre del coimputado, fue separado del proceso por incapacidad sobreviviniente-, que en el caso de su hijo incluyó actos de violencia sexual sobre la mujer menor de edad, a quien definió como “su pareja” al ser indagado
Planteó que los Alvarenga captaron, trasladaron, receptaron y dieron acogida a ambas víctimas en la finca que arrendaban para explotar un tambo, ubicada 15 kilómetros al norte de Ucacha, (departamento Juárez Celman). Explicó que allí consumaron la explotación de la menor, a quien buscó en Formosa, y de su hermana mayor, quien llegó al lugar con dinero que le giraron.
Repasó que ambas dijeron que fueron sometidas a extenuantes jornadas de 19 horas, que comenzaban cerca de la una de la madrugada y se extendían hasta las 20; que hacían todo el trabajo de explotación tambera, lo que incluía la colocación de boyeros, la alimentación de terneros, el acarreo de maíz, ordeñar las vacas y encerrar al ganado.
El fiscal precisó que las hermanas eran sometidas a malos tratos y que casi no tenían descanso ni alimentos. Recalcó que residían en una casa precaria ubicada en el predio y que dormían en el piso, con escaso abrigo, sin posibilidad de comprar comida y elementos de higiene personal ni poder comunicarse libremente con su familia. Añadió que tampoco podían salir del lugar ya que, según relataron, eran encerradas bajo llave.
La causa se inició en agosto de 2014 -a casi seis meses de la captación-, cuando las mujeres escaparon y se dirigieron hacia una fábrica de quesos cercana. Su propietario las auxilió y las llevó a la terminal de Ucacha, donde fueron abordadas por personal de Tránsito de la policía local. Una vez trasladadas a la comisaría formularon la denuncia.
Esto no es un caso de simple explotación laboral. Privación de la libertad, sometimiento a la exclavitud y abuso. ¿No son pocos 12 años?. La justicia no toma en serio esta clase de delitos y los que salen a la luz son sólo la punta del iceberg.