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El rector de la UNC encabezará la Marcha Universitaria en Córdoba. Alertó sobre la crisis presupuestaria de las universidades: salarios y presupuesto 2025 en la mira. Las casas de altos estudios enfrentan la falta de diálogo y decisiones unilaterales
La comunidad universitaria nacional sale nuevamente a las calles en defensa de la educación pública y el sistema científico. En lo que se espera sea una multitudinaria marcha, rectores, docentes, no docentes, estudiantes y graduados saldrán a defender la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso. Buscarán dar un fuerte mensaje de consenso social ante el anuncio de veto a la mencionada ley por parte del presidente Javier Milei. Estarán acompañados por un amplio arco político, gremial y social.
En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, salió fuerte a reclamar ante el retraso salarial “que supera el 50% respecto de la inflación”, según remarcó el también contador. Esta vez, a diferencia de la primera movilización, encabezará la Segunda Marcha Federal Universitaria que partirá este miércoles, a las 13 horas, desde Ciudad Universitaria hacia el centro.
En diálogo con Comercio y Justicia, destacó los puntos en conflicto y refutó expresiones del Gobierno que recalentaron la escena en las últimas horas.
“Marchamos en defensa de la educación pública y de la ciencia pero, particularmente, la marcha está centrada en las dificultades presupuestarias. El aspecto más crítico que tiene en este momento es el retraso salarial que se ha registrado. Éste es superior al 50% respecto de la inflación si se computa desde diciembre hasta este momento, lo que implica una pérdida en términos de poder adquisitivo del orden de más del 30%. Es decir que se requeriría producir un aumento de los salarios en más de un 30% para equilibrar la pérdida respecto de la inflación. Pero, por otro lado, también nos llama la atención que respecto del resto del sector público nacional los aumentos para universitarios fueron inferiores”, subrayó el rector.
En ese marco, sostuvo que están defendiendo la Ley de Financiamiento que salió sancionada en el Congreso y que el Gobierno manifestó que iba a vetar. Si esto ocurre, anticipó que conversarán con los legisladores nacionales “con el objetivo de que el Congreso insista con la sanción de la ley que viene a resolver este desfasaje de 2024, donde en realidad no hubo un presupuesto sino que hubo un presupuesto reconducido”.
– ¿Se abrió algún canal de diálogo en estas últimas horas por el tema salarial?
– La semana pasada, de manera tardía, el gobierno reanudó las reuniones de la Comisión Paritaria que es donde se discuten los salarios junto con los gremios de docentes y no docentes. Ahí se reanudó y se pasó a un cuarto intermedio para después de la marcha. Es el ámbito donde debiera resolverse la cuestión salarial, de hecho ha tenido reuniones durante el año, pero en todas las decisiones respecto de incrementos salariales fueron decididas unilateralmente por el Gobierno. Es decir, no hubo acuerdos allí. Esperamos que ese ámbito se recomponga para discutir los salarios y, además, que se genere un canal de conversación como lo hubo con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para también conversar sobre el presupuesto 2025 que es lo que viene.
Esta Ley de Financiamiento que votó el Congreso es la base para discutir el Presupuesto 2025, por eso es importante.
– ¿Qué responde al cruce del gobierno que acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos?
– Son habituales situaciones que se plantean en tal caso para desacreditar una legítima manifestación, eso no es correcto, la cantidad de alumnos que tienen las universidades surgen de un sistema informático al que el Gobierno tiene acceso, conociendo incluso los nombres de los estudiantes. Después puede estar la discusión sobre la actuación académica de esos alumnos, pero esa es otra discusión, pero no hay números inventados.
Por otro lado, el Gobierno asoció esto a que eso tenía que ver con el presupuesto y eso no es correcto tampoco porque el presupuesto que recibimos las universidades es de base histórica, que se actualiza con las paritarias básicamente. El 90% del presupuesto son salarios. Para la Universidad Nacional de Córdoba se basa en la planta de cargos que tiene y que el Gobierno conoce. Tiene acceso a las plantas de docentes y no docentes de cada una de las universidades. Luego, las partidas para gastos de funcionamiento se definen como un porcentaje de eso, de modo tal que no está atado a la cantidad de alumnos. Sería deseable que hubiera un criterio, en el futuro, un modelo de pautas objetivas que se suele usar para distribuir gastos de funcionamiento incrementales.
– ¿Está en riesgo el sistema de educación superior público?
– Ha habido distintos momentos en el tiempo donde se ponen en discusión ciertas políticas. Acá el gobierno está manifestando, con algunas de sus decisiones, no tener a las universidad públicas como una prioridad. Pero yo no creo que esto ponga en riesgo a la universidad pública porque están muy ancladas en su trabajo, tienen un consenso social muy importante. Es muy relevante la tarea que se realiza en materia educativa, en el desarrollo científico, en las actividades extensionistas.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba estamos constantemente generando innovaciones, nuevas ofertas educativas, extendiéndose en el territorio. Por ejemplo, con la Escuela de Oficios, ampliando la población que accede a la universidad. Es decir, que no veo que haya una situación de riesgo en ese sentido.
Sí puede haber, y esperemos que eso se supere, una situación de tensión, de conflicto, que no contribuye a resolver incluso los problemas que tiene la universidad que debería haber una mesa de trabajo conjunta de parte de las autoridades del CIN y el Gobierno para conversar algunas de estas problemáticas.
Creo firmemente en la trayectoria de la universidad. Por ejemplo la UNC tiene más de cuatro siglos, y ha pasado por distintas situaciones críticas, esta será una más. Obviamente que no es el mejor clima para trabajar cuando se plantea este tipo de situaciones, esperemos que se superen, que se generen ámbitos más genuinos para dialogar y para abordar los problemas y desafíos que tiene la educación en general y la universidad en particular.
– ¿Qué reflexión le merece el futuro de un país si no apuesta a la educación?
– Ningún país se ha desarrollado sin una decidida apuesta a la educación y la ciencia, con un compromiso también de los Estados en apuntalar esos procesos, porque eso tiene que ver con el progreso de la comunidad. Necesitamos seguir estrechando lazos con los sectores productivos porque el país necesita del conocimiento para generar valor, para crecer como país, y que eso repercuta en el progreso de la propia ciudadanía. Es una cuestión estratégica que esperamos que se sostenga, y por supuesto es necesario un financiamiento adecuado.
La Ley de Financiamiento que estamos defendiendo y que el Gobierno ha anunciado vetar, es una ley que no compromete el equilibrio fiscal que el Gobierno se ha planteado como meta. Es una meta aceptable y necesaria reordenar las cuentas públicas pero hay varios caminos para transitar detrás de ese equilibrio fiscal, esta ley de ningún modo compromete ese equilibrio fiscal. Representa mínimamente el 10% del superávit fiscal que el gobierno ha informado hasta agosto de este año.
