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En los últimos tiempos los cordobeses nos estamos “acostumbrando” a recibir reiteradas noticias acerca de funcionarios vinculados en causas criminales. En un rápido repaso podemos recordar lo ocurrido en el Servicio Penitenciario de Córdoba, con la detención de una serie de altos funcionarios, incluyendo al ex jefe de la repartición, y dos de sus más directos colaboradores, en la causa que se conoce como “Bouwer”, acusados de integrar una asociación ilícita que habría permitido o ejecutado diversos negociados dentro de distintas cárceles provinciales.
Pocos días atrás fue condenado el otrora director General de Protección Civil del Gobierno de la Provincia, Diego Concha, por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera voluntaria que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después de haber sido abusada por el ex funcionario, conforme la acusación que fue confirmada por la cámara interviniente.
No nos olvidamos de lo que pasó en la “causa Neonatal”, en la que -luego de una investigación prolija pero no exenta de “temblores”- se imputó a varios funcionarios por distintos delitos, incluido el ministro de salud de la Provincia al tiempo de los hechos. Precisamente días pasados se sorteó la Cámara del Crimen que se hará cargo de su juzgamiento.
Muchos funcionarios están imputados o acusados por hechos de violencia sexual o de género, contra sus parejas o colaboradores. Entre ellos se encuentra el ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales, a quien se le reprochan lesiones leves calificadas por el vínculo mediando violencia de género. En similar situación se encuentran el ex secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, imputado “por abuso sexual simple”, sin acceso carnal, y un ex intendente de Cruz del Eje, por el presunto delito de lesiones leves en el contexto de un hecho de violencia de género.
Días pasados, se detuvo al ex concejal Guillermo Kraisman, quien ocupaba un cargo en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba. Se le acusó de hurtar un blíster con 100 gramos de bondiola, otro con jamón, una lata de atún, un frasco de dulce y otro con cerezas, y -al ser sorprendido por la seguridad- les arrojó uno de los frascos para resistirse a la aprehensión. Lo particular de este caso es que el mencionado político ya tiene antecedentes de estar imputado por actos violentos, que llevaron a que se lo destituyera del cargo de concejal en 2006.
La Policía de la Provincia tampoco escapa a esta realidad. De entre los diversos integrantes de la fuerza que se encuentran vinculados a causas criminales, encontramos la detención de altos funcionarios, entre ellos uno de los subjefes de la fuerza, acusados de asociación ilícita, encubrimiento agravado, entre otros tipos penales. Junto con ellos se detuvo también a un empleado judicial de una fiscalía.
Por último, no queremos dejar de lado una causa que nos preocupa especialmente: hablamos del caso del ex ministro de seguridad de la Provincia Alfonso Mosquera, a quien se le elevó una causa a juicio, acusado de abuso sexual y violencia de género. Lo particular del caso y que motiva nuestra preocupación son los dichos de la víctima en relación al hecho: “Al principio era una buena relación, después se transformó en mala, de mucha violencia. Él se justificaba que era por la cocaína que tomaba, me pedía disculpas y me pedía perdón después de que me amenazaba de muerte con el arma que tenía siempre encima. Y me amenazaba con que me iba pegar un tiro en la cabeza”.
De corroborarse estas manifestaciones, nos daríamos con que quien era el encargado máximo de la seguridad de la Provincia y quien está al mando de quienes deben combatir el delito, era consumidor de estupefacientes ilegales, algo extremadamente grave. Si bien el consumo ni la tenencia para consumo de estupefacientes, según nuestra jurisprudencia, no constituyen delito, sabemos que la comercialización, el suministro gratuito, el tráfico lo son, además de todas las relaciones que la actividad tiene mucho que ver con los demás crímenes. De todo ello surge una pregunta más que obvia: ¿qué garantía y tranquilidad frente al delito podemos tener los ciudadanos, si quien está encargado de combatir el delito consume ese tipo o cualquier otro tipo de sustancias de carácter adictivo?
No desconocemos que la mayoría de los casos no tienen sentencia firme; por lo tanto, no podemos -ni queremos- darlos por culpables judicialmente. Todo el mundo es inocente hasta demostrarse lo contrario. Pero sí sostenemos que hay una responsabilidad política, independiente de la judicial, que hace que quien ejerce la función pública deba llevar una vida transparente y alejada de estos menesteres. Un “deber de decoro”, según postula el derecho administrativo clásico. Parte de esa responsabilidad política también alcanza, en su medida, a quienes designan a personas que no cumplen con los estándares requeridos para un determinado cargo. Como dice la frase de Ian Fleming, “una es coincidencia, dos es casualidad, tres es un patrón”.
Mas allá de que se pueda rescatar la acción del Poder Judicial e incluso de quienes apartan a estos funcionarios de sus cargos, creemos que es necesario que se tenga mucho cuidado al momento de seleccionarlos y nombrarlos. Eso ayudaría a que las instituciones se fortalezcan y los ciudadanos volvamos a creer en ellas.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
