El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, expuso en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados donde se debate el juicio por jurados y valoró que no hay ningún tribunal más independiente e imparcial.
Amerio hizo una fuerte defensa de implementación del sistema a nivel nacional y federal y sostuvo que es “el único órgano de poder sin ambición propia”.
“El veredicto del jurado por el altísimo número de 12, en el caso de unanimidad, goza de una legitimidad incuestionable. Muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia. Pero con un jurado, cuando interviene y da el veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior. El jurado promueve la máxima transparencia de los actos de gobierno del Poder Judicial”, agregó.
“Es el resabio más importante que existe de la democracia directa ateniense en el siglo 21”, sumó.
También planteó que permite “un inmenso ahorro de tiempo y dinero” e indicó que representa el 0,65 por ciento del presupuesto del Poder Judicial.
En tanto, afirmó que el jurado es la institución que con más insistencia mencionaron los constituyentes de 1853, porque lo consideraron “la herramienta esencial de un gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”.
“No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y de un descreimiento muy grande respecto a la justicia”, consideró.
Constitución Nacional
Los juicios por jurados están en la Constitución Nacional desde 1853, pero el Legislativo nunca sancionó una ley para implementarlos. A la fecha, hay proyectos al respecto en la Cámara Baja.
El sistema se aplica en Córdoba; en la provincia de Buenos Aires; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en Catamarca; en Chubut; en Entre Ríos; en Mendoza; en Chaco -donde también se utiliza para casos civiles y comerciales-; en Río Negro; en San Juan; en Santa Fe y en Neuquén. También hay municipios que aplican juicios por jurados para faltas y contravenciones graves, como Rosario, Mendoza y San Patricio del Chañar (Neuquén).
En agosto, el Gobierno de Javier Milei presentó una iniciativa al respecto.