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Ex camarista y abogados quedaron procesados por corrupción en causas por trata

CASO. CASO. Lo generó la pesquisa por presunta explotación sexual en el prostíbulo “Madaho's”, en Mar del Plata.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó sin prisión preventiva al ex juez Jorge Ferro (que integró el tribunal) por incumplimiento de deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, y a tres abogados (dos hombres y una mujer), por tráfico de influencias.

Los delitos se cometieron, presuntamente, en causas donde se investigaba trata de personas.

Los vocales Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena fallaron luego de que la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) admitió un recurso de la Fiscalía y anuló la sentencia que dictaron hace casi dos años sobreseyendo por prescripción a todos los encartados.

De acuerdo con la pesquisa, el ex magistrado Ferro habría utilizado información con la que contaba en razón de su cargo para privilegiar los intereses de los tres coimputados “menoscabando los intereses del Estado y poniendo en jaque la correcta administración de justicia”.

La causa se originó por la denuncia formulada, entre otros, por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y los anteriores agentes fiscales a cargo de la PROCELAC, a raíz del análisis de las pruebas obtenidas en el marco del caso “Madaho’s” -el nombre de un prostíbulo de aquella ciudad-, en el que se desbarató una organización dedicada a la trata con fines de explotación sexual.

Ferro renunció a su cargo en mayo de 2018, cuando era investigado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

A la fecha, se busca trazar el perfil patrimonial de los investigados. En concreto, las medidas están encaminadas a identificar activos y/o movimientos que permitan revelar ganancias ilícitas, en cumplimiento de las instrucciones de la Procuración General de la Nación en materia de investigaciones de delitos de corrupción y de las obligaciones asumidas por el Estado en pos de la persecución efectiva de hechos ilícitos de suma gravedad institucional.

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