Rechazan la pretensión de una abogada para replantear honorarios que acordó antes con la ART

Al interpretar que la letrada pudo oponerse a la firma del acuerdo realizado en la comisión médica, a los fines de quedar excluida de la regulación de 10% del monto convenido con Prevención ART y salvaguardar su derecho a una regulación de honorarios, dejando a su cliente ante el asesoramiento gratuito brindado por la propia entidad administrativa y prejurisdiccional, la Cámara del Trabajo de Río Cuarto rechazó la apelación presentada por la letrada, confirmando la excepción de cosa juzgada.

Al respecto, el tribunal sostuvo que que la profesional había optado por firmar el acuerdo con la cláusula relativa a sus honorarios, sin reserva o protesto legal y, en consecuencia rechazó la impugnación articulada.

En el marco de un proceso regulatorio por actuaciones administrativas, la abogada interviniente inició un expediente judicial para obtener la regulación de sus honorarios por el trámite cumplido ante la aludida comisión, en la que se homologó un acuerdo entre las partes.

Acordados

Al recibir el caso, el juzgado de primera instancia consideró que los estipendios en cuestión ya se encontraban acordados en el acta suscripta ante el órgano administrativo y declaró de oficio la cosa juzgada administrativa, ordenando el archivo de la causa.

Ante ello, la letrada articuló recurso de apelación, en el que argumentó que su voluntad no fue acordar sus honorarios de la manera descripta, por cuanto pretendía un porcentaje mayor al 10% (mínimo legal) que se consignó en el acta referida.

El tribunal integrado por los vocales Pablo Grassis, Norberto Cassini y Hebe Haydée Horny advirtió que, a pesar de ser obvio, parece necesario recordar que los abogados no tienen derecho a oponerse a la transacción “ preacordada ” entre “ las partes ”, pero “ les cabe el derecho a negociar sus honorarios, justa medida de sus intereses propios, los que de ser pactados desplazan las pautas arancelarias ”.

De ello se derivó que la abogada P., apelante, en su rol de parte actora en este proceso regulatorio iniciado y cuyo archivo “ se decretó por declarar que sus honorarios fueron expresamente convenidos en una cláusula del acuerdo que agotó la vía administrativa con su homologación, por cosa juzgada que -sin necesidad de mencionarlo- los alcanza, pudo optar por no firmar el acuerdo con esa cláusula de honorarios pactados en el 10%, sin perjuicio del asesoramiento legal ya brindado de que era una justa composición de los intereses litigiosos para su cliente ”.

Alternativa

El fallo destacó que esa alternativa “ no hace caer el acuerdo si, en tal supuesto, instruye a su cliente para que solicite a la SRT que provea de un abogado gratuito al efecto, beneficiando de ese modo a su cliente, el siniestrado, sin resignar su expectativa anticipada de accionar por una regulación superior a cargo de la ART, por sus servicios brindados en esas actuaciones administrativas, en la medida que condujeron a esa transacción, en la que quedó definitivamente sellado el resultado oficioso, en el sentido de utilidad conducente y a contrario de la inoficiosidad que priva del derecho regulatorio (art. 47 CA) ”.

Asimismo, la alzada señaló que en tal hipótesis, “ el cese de la intervención profesional, de manera anticipada a la conclusión del proceso en curso (por el art. 100 del CA, equiparado a las actuaciones en la vía administrativa, nacional, provincial, o mixtas), no le hacía perder su derecho regulatorio, sino por el contrario lo conserva, al no ser negociado ”.

Sin embargo, los jueces advirtieron que la apelante optó por firmar el acuerdo transaccional, a sabiendas de que incluye en una de sus cláusulas el pacto de sus honorarios por lo actuado en ese procedimiento administrativo, estipulados en 10% sobre el monto transado.

Efectos

En consecuencia, en la decisión se infirió que “ no es jurídicamente viable aspirar, en tales condiciones, a que no se deriven los efectos equiparados por ley especial a la cosa juzgada, si del convenio que firmó como abogada surgen pactados los honorarios en ese porcentaje arancelado ”.

De allí, se sostuvo que la pretensión de la profesional “ violenta la teoría de los actos propios anteriores jurídicamente relevantes, que un abogado firme un convenio con la ART que incluye la asunción de sus honorarios administrativos, estipulados con respeto del 'mínimo' (10% sobre el monto transado), que se “imponen” a cargo de la ART por la misma norma que 'dispone' ese piso (no contemplado para las transacciones judiciales) ”.

Por todo lo expresado, en el fallo se resolvió que el recurso de la letrada “ no puede prosperar, debiendo confirmarse la resolución recurrida, en todo aquello que integra el cuestionamiento concedido vía apelación (art. 90, LPT) ”.