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Mendoza se sumó al sistema federal acusatorio

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El ministro de Justicia encabezó el acto de inauguración. Se autorizó la designación de 16 auxiliares fiscales para su puesta en marcha. Hay denuncias por las deficiencias edilicias y la falta de personal para poner el marcha la reforma sancionada hace un década

En medio de dudas y reclamos por falta de personal y deficiencias en la infraestructura edilicia, comenzó a regir en Mendoza el nuevo Código Procesal Penal (CPPF) en la Justicia federal.

Se trata del (CPPF), recientemente aplicado en Rosario e implementado desde 2019 en las provincias de Salta y Jujuy.

La medida apunta a acelerar los tiempos de los trámites judiciales y otorgarle a la acusación mayores herramientas legales para la persecución de los delitos federales.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó el acto para inaugurar formalmente este sistema acusatorio en la Jurisdicción de Cuyo, que incluye a Mendoza, San Luis y San Juan.

A fin de asegurar las condiciones mínimas para asegurar la operatividad del sistema acusatorio en la jurisdicción mendocina, la Cámara Federal de Casación Penal emitió en junio una serie de acordadas para integrar el Colegio de Jueces, tal como lo había hecho en el distrito federal de Rosario. En rigor, los Colegios son agrupaciones de jueces que se articulan por los principios de flexibilidad y rotación de sus integrantes y permite a cualquier magistrado designado intervenir en las audiencias que se presenten.

En ese marco, por medio de la Acordada 4/24, Casación conformó tres Colegios: uno de Revisión constituido por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, otro de Juicio formado por los titulares de los Tribunales Federales de Juicio de Mendoza, de San Juan y de San Luis, y un tercero de Jueces de Garantías compuesto por todos los magistrados de los Juzgados Federales con competencia penal y con asiento en las ciudades de Mendoza, San Rafael, San Juan, San Luis y Villa Mercedes.

Para la capital mendocina, la Procuración General de la Nación dispuso de un plus en el presupuesto para la designación de 16 auxiliares fiscales.

Las principales claves del nuevo modelo procesal son la oralidad -desaparece el expediente de papel y el juez resuelve en audiencia-; contradicción -método por el cual las partes exponen sus hipótesis del caso ante el magistrado imparcial-; concentración -apunta a la mayor actividad procesal posible en audiencias multipropósito-; inmediación -las pruebas se generan en presencia de los jueces-; publicidad -las audiencias son abiertas al público, salvo excepción legal-; simplicidad y celeridad -plazos breves en un proceso ágil y dinámico-; desformalización -erradicación de ritos excesivos-.

Una vieja deuda

La  ley 27150 fue sancionada en 2015 y le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

En ese contexto, la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha el 10 de junio de 2019 fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación. En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024 y 64/2024 ese Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (que comprende la totalidad del territorio de la provincia de Santa Fe y el departamento judicial de la provincia de Buenos Aires en el que resulta competente la justicia federal con asiento en la ciudad de San Nicolás). Luego, difirió la puesta en marcha en el ámbito territorial del Juzgado Federal de Reconquista por el plazo de 120 días, que se completarán el 3 de septiembre.

Con posterioridad, a través de la Resolución 165/2024, el Ministerio de Justicia dispuso la implementación del código procesal en la jurisdicción Mendoza (que incluye toda la provincia de Mendoza, y las provincias de San Juan y San Luis) a partir del 5 de agosto de 2024.Queda aún pendiente la puesta en marcha del CPPF en 14 distritos federales de casi todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.

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